El 27 de febrero de 1989, las calles de Caracas amanecieron revueltas.Ese día, las medidas de ajuste económico–dictadas por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez el día 16–entraron en vigencia. El gobierno pretendía refinanciar la deuda externa a través del Fondo Monetario Internacional, para lo cual subió el costo de subsidios como la gasolina, a cuyo precio le aumentaron 30 céntimos. Las primeras reacciones vinieron de los conductores del transporte público superficial, quienes, como gremio, acordaron con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones un incremento de 30% a la tarifa del pasaje interurbano desde el 1 de marzo. Sin embargo, los choferes de Guarenas se anticiparon y, con ellos, empezó la revuelta.
Por Cofavic
Aunque se desconoce la exactitud de cómo comenzaron los disturbios y no abundan detalles específicos al respecto –pues aún el número de personas involucradas es indeterminado–, todas las versiones señalan a Guarenas, una ciudad satélite al este de Caracas, en el estado Miranda, como el punto de inicio. Entre las 5 y 6 de la mañana tuvo que haberse producido el desencuentro entre los pasajeros y el chofer de algún vehículo. La discusión se propagó y se fue convirtiendo en una manifestación cada vez más grande, que se expandió hacia el área metropolitana de Caracas al final de la mañana. Ese día, un sector de la Policía Metropolitana se encontraba en huelga, razón por la cual no intervino ni controló la situación.
Las acciones de los manifestantes iban desde la quema de unidades de transporte urbano hasta el saqueo y la destrucción de locales comerciales, lo que generó daños a propiedades públicas y privadas. En la tarde, el país estaba encendido: se reportaban protestas en las ciudades La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida y Maracaibo, la mayoría en sitios adyacentes a terminales de autobuses. La espontaneidad parecía estar articulada. El ministro de Defensa ordenó la movilización de los militares: 9.000 efectivos, con edades entre 17 y 18 años, reclutados en el interior ese mismo mes. Estaban equipados con armas de asalto FAL (Fusil Automático Ligero), pistolas 9mm y vehículos blindados AMX-13.
Al día siguiente, 28 de febrero, desde Miraflores se emitió el Decreto N° 49, que ordenó la suspensión de las garantías constitucionales –libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10), inviolabilidad de domicilio (artículo 62), libertad de tránsito (artículo 64), libertad de expresión (artículo 66), derecho a reunión (artículo 71) y derecho a la manifestación pacífica (artículo 115), las cuales no fueron restablecidas hasta el 22 de marzo. Fueron 23 días bajo el control castrense.
La población debía permanecer en sus casas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Los cuerpos de seguridad del Estado tuvieron el control del territorio y de la población durante 3 semanas. De forma simultánea, se ejecutaron operativos policiales para reprimir la violencia y hallar a los posibles culpables e incitadores. Algunas agrupaciones políticas de izquierda fueron señaladas. Miembros de organizaciones sociales y religiosas, vinculados a la teología de la liberación, también fueron arrestados. El Plan Ávila, como se llamada la operación, tenía sus orígenes en los años 60, cuando el país se encontraba asediado por los grupos armados irregulares de izquierda radical, movidos por la Revolución cubana.
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