Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el proceso de selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, carece de garantías de transparencia, participación ciudadana e independencia, lo que podría debilitar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en el país.
Por: lapatilla.com
Diversas organizaciones civiles expresaron este lunes 23 de marzo, su preocupación por los procesos de designación de los titulares de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo que adelanta la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, al considerar que se realizan sin cumplir estándares mínimos de transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas.
A través de un comunicado, las organizaciones advirtieron que estas deficiencias generan el riesgo de que se designen personas sin independencia ni idoneidad para ejercer dichos cargos, lo que podría debilitar aún más el sistema de justicia y la protección de los derechos humanos en el país.
El pasado 25 de febrero de 2026, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz presentaron sus renuncias a los cargos de Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, respectivamente, ante la Asamblea Nacional.
Ese mismo día, el Parlamento procedió a conformar el Comité de Evaluación de Postulaciones, instancia requerida por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ciudadano para la selección de estas autoridades, además de designar a funcionarios interinos mientras se desarrolla el proceso de nombramiento.
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Sin embargo, las organizaciones denunciaron que el comité fue integrado únicamente por diputados en funciones, en su mayoría vinculados al partido oficialista, sin incluir representantes de distintos sectores de la sociedad civil, como lo establecen la normativa vigente.
Las organizaciones también señalaron que, aunque el lunes 16 de marzo fue publicada la lista de postulantes, hasta la fecha no se ha divulgado información clave sobre el proceso de selección.
Entre los documentos que aún no han sido publicados se encuentran: El reglamento que regirá el proceso. El cronograma aprobado el 27 de febrero de 2026. El baremo o criterios de evaluación de los aspirantes
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Según las ONG, la ausencia de reglas claras y públicas limita el escrutinio ciudadano y restringe la participación informada de la población, lo que debilita la legitimidad del proceso y abre la posibilidad de decisiones discrecionales en lugar de una selección basada en méritos y criterios técnicos.
En el comunicado, las organizaciones hicieron un llamado a la Asamblea Nacional a garantizar que el proceso de selección se ajuste a los principios de: Transparencia. Participación ciudadana. Imparcialidad. Rendición de cuentas.
Asimismo, insistieron en la necesidad de designar autoridades independientes y con probidad profesional, en concordancia con la Constitución venezolana y los estándares internacionales en materia de designación de funcionarios que cumplen funciones esenciales para el Estado de Derecho.
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Las organizaciones firmantes también instaron a organismos internacionales a monitorear el proceso de designación de las nuevas autoridades del sistema de justicia venezolano.
Según indicaron, la supervisión internacional resulta fundamental debido al impacto directo que este proceso tiene en la recuperación de la independencia institucional, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en Venezuela.
El comunicado fue suscrito por las siguientes organizaciones nacionales e internacionales: Acceso a la Justicia. Alerta Venezuela. Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ASO DDHH). Aula Abierta. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Centro de Justicia y Paz (Cepaz). CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana. Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Justicia, Encuentro y Perdón (JEP Venezuela). Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).