La mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostraron este martes a favor de que el Gobierno que preside Donald Trump pueda rechazar a los solicitantes de asilo que lo soliciten en la frontera entre Estados Unidos y México en una audiencia para escuchar los argumentos a favor y en contra.
La cuestión que se debate es si los no ciudadanos deben cruzar completamente la frontera para obtener el derecho a solicitar asilo o si se les debe permitir solicitarlo simplemente presentándose en la frontera y solicitando la entrada.
Durante décadas, el Gobierno ha interpretado esta ley como un derecho a solicitar asilo en los cruces fronterizos si quien lo pide teme ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
La cuestión clave para los magistrados en este caso es delimitar qué significa exactamente «llegar» al país.
Los magistrados dedicaron más de una hora al caso, gran parte de ella intentando dilucidar la diferencia entre una persona que «llega» a Estados Unidos y otra que «llega» a la frontera.
El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., y la jueza Amy Coney Barrett, que suelen formar parte de la mayoría, sugirieron que «llegar a» Estados Unidos significa que la persona ha cruzado completamente la frontera, tal como defiende la administración Trump.
La jornada de este martes era solo una audiencia y la decisión firme sobre el asilo en la frontera entre Estados Unidos y México llegará probablemente a finales de junio o principios de julio.
El presidente de Estados Unidos Barack Obama fue el primero en impedir que algunos solicitantes de asilo pisaran suelo estadounidense, después esta política fue endurecida por Trump durante su primer mandato y luego derogada por la administración Biden en 2021.
A lo largo de este tiempo, han sido los tribunales ordinarios los que han ido decidiendo en cada caso y resolviendo en muchos de ellos a favor de los derechos de los inmigrantes.
En la sesión del martes, una de las abogadas que defiende a los migrantes, Kelsi Corkran, declaró ante los magistrados que la política de freno de los asilos era ilegal y contraria a la larga tradición del país de brindar refugio a quienes huyen de la persecución.
Por su parte, el Departamento de Justicia calificó la política como una «herramienta fundamental para abordar los aumentos repentinos de personas en la frontera cuando se produzcan».
Y también apeló a la decisión del propio Supremo en la década de los 90 cuando resolvió que las decenas de miles de haitianos que huían de un golpe militar en barco podían ser detenidos en el mar por el Gobierno para impedirles llegar a Estados Unidos sin analizar si reunían los requisitos para ser considerados refugiados.
EFE