La organización defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), emitió este viernes 17 de abril, una acción urgente en la que denunció que al menos 485 personas continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, pese a la entrada en vigor de una Ley de Amnistía que permitió la excarcelación de cientos de ciudadanos en los últimos meses.
Por: lapatilla.com
En su comunicado, la ONG solicitó a la líder del régimen chavista, Delcy Rodríguez, que ordene la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos por razones políticas, así como el retiro de los cargos en su contra y la garantía de su integridad física y derechos fundamentales mientras permanezcan bajo custodia del Estado.
Amnistía Internacional señaló que, aunque más de 8.000 personas fueron beneficiadas con la ley de amnistía aprobada en febrero de 2026, numerosas solicitudes han sido rechazadas o modificadas posteriormente, lo que mantiene a cientos de ciudadanos privados de libertad.
La organización advirtió que estas situaciones han generado mayor angustia entre familiares y comunidades, quienes esperaban reunirse con sus seres queridos tras los anuncios oficiales sobre liberaciones masivas.
De acuerdo con datos documentados por la ONG Foro Penal hasta el 6 de abril de 2026, decenas de personas permanecen en prisión o bajo arresto domiciliario, mientras otras continúan enfrentando procesos judiciales considerados arbitrarios.
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Entre los casos mencionados en el informe figuran personas que continúan detenidas o bajo medidas restrictivas, así como ciudadanos cuya situación legal sigue siendo incierta. La organización también recordó que algunas personas han sido víctimas de prácticas prohibidas por el derecho internacional, como la desaparición forzada y la tortura.
Asimismo, el documento destaca que desde 2023 la ONG ha mantenido campañas internacionales para exigir justicia en varios casos de presos de conciencia y defensores de derechos humanos.
La organización subrayó que los responsables de violaciones graves de derechos humanos podrían ser investigados y procesados por tribunales internacionales, incluso fuera de Venezuela.
El comunicado sostiene que las autoridades venezolanas han aplicado durante años una política de represión destinada a silenciar la disidencia, utilizando detenciones arbitrarias como mecanismo de control político.
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AI también denunció la práctica conocida como “puerta giratoria”, en la que las liberaciones de presos políticos son seguidas por nuevas detenciones o por la imposición de medidas judiciales restrictivas que prolongan la incertidumbre y el temor entre los afectados.
Según el informe, esta dinámica se intensificó tras los acontecimientos políticos ocurridos en 2024, cuando se registraron más de 2.000 detenciones por motivos políticos, incluyendo menores de edad y personas con discapacidad.
Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que adopten medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia.
Entre sus exigencias, la organización pidió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, el cierre de procesos penales con motivación política, el acceso a atención médica y defensa legal independiente y el respeto al derecho de comunicación con familiares,
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