Caracas.- Venezuela cumplió en marzo cuatro años sin un aumento del salario mínimo, el cual permanece en 130 bolívares desde el año 2022 (0,27 dólares). La política de entrega de bonificaciones, que alcanzan los 190 dólares para los trabajadores activos, afecta las prestaciones sociales y los aguinaldos de los trabajadores, por lo que los gremios exigen un incremento real del salario. En ese sentido, los economistas Manuel Sutherland y Asdrúbal Oliveros destacaron la necesidad de un incremento real, pero coinciden en que un aumento del salario mínimo en Venezuela requiere de una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo que modifique el régimen de retroactividad de las prestaciones sociales.
En una actividad realizada este martes 7 de abril, ambos expertos señalaron que la falta de estadísticas oficiales sobre el tamaño de la nómina pública y los ingresos reales del Estado dificulta el diseño de una política salarial sostenible.
«Venezuela tiene cuatro años sin aumento salarial. Los 130 bolívares de salario se decretaron en 2022 y desde esa fecha hay una inflación acumulada de más de 11.000 %», afirmó Manuel Sutherland, durante el foro Realidades y desafíos de la economía venezolana. ¿Es posible un aumento salarial?, realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Por su parte, Asdrúbal Oliveros, quien también participó en la actividad, destacó que «para poder ir a un aumento sustancial de los sueldos, necesitamos varios elementos que no están presentes ahora, como el tema de la Ley del Trabajo y la actual nómina que se tiene».
«La masa trabajadora, especialmente sectores público y pensionados, necesitan un ajuste urgente en sus remuneraciones y que creo pertinente que parte de el ingreso extraordinario que está recibiendo Venezuela en este momento por la venta de petróleo pueda dirigirse a ello. (…) Lo segundo es que para un análisis mucho más estructural del problema salarial hay que ver varios elementos. Lo primero es entender el real tamaño de la nómina pública en Venezuela (…) No hay data del oficial del mercado laboral venezolano y eso es muy importante para poder entender cómo puede hacerse pues un ajuste de salario», dijo Oliveros.
El experto consideró necesario conocer con detalle cuánto dinero está recibiendo el Estado por recaudación interna de tributos, por venta de petróleo, por venta de oro y por otros ingresos, así como el nivel de gasto público, para determinar cuánto se puede pagar a los trabajadores. «Creo que eso es un tema también medular que se tiene que discutir», apuntó.
Sutherland también denunció años de «oscuridad estadística» en los que no se publicaron cifras de inflación ni del Producto Interno Bruto (PIB) con regularidad. El experto señaló que existen estimaciones de una nómina estatal de entre 9 y 10 millones de personas, cifra que incluye a 5 millones de pensionados. Para este experto, un aumento masivo es inviable si no se reduce la nómina a las personas que realmente participan en la administración pública y se eliminan los contratos de carácter proselitista.
La actual legislación laboral representa un impedimento para que el sector privado asuma incrementos significativos, consideró Sutherland. El economista explicó que, bajo el esquema de retroactividad, si una empresa con 20 empleados sube el sueldo base a 200 dólares y el personal se retira en un mes, el costo de las liquidaciones alcanzaría montos que los dueños no podrían asumir. El economista propuso una reforma para construir un régimen prestacional diferente y el estudio de compensaciones caso por caso.
Al respecto, Oliveros señaló que es necesaria una discusión sobre un sistema de prestaciones que permita que el sueldo vuelva a ser relevante. Además, sugirió que la ley debe reconocer el carácter bimonetario de la economía venezolana, la cual opera con bolívares, dólares y pesos en las zonas fronterizas, así como incluir regulaciones sobre el teletrabajo y el trabajo híbrido, realidades que hoy no están contempladas.
Crecimiento económico y estabilidad política
A pesar de los desafíos, las perspectivas para 2026 son positivas. Oliveros estimó un crecimiento superior al 10 % impulsado por un aumento del 25 % en la producción petrolera y una relación más estrecha con Estados Unidos. El economista consideró posible un ajuste próximamente el bono de Guerra Económica y el bono de alimentación, aunque advirtió que es poco probable que el incremento ocurra vía salario mínimo de forma inmediata.
En la actividad también participó el politólogo Nicmer Evans, planteó que la transformación económica del país requiere de una transformación política previa o en paralelo. El experto señaló que los inversionistas de Estados Unidos y el resto del mundo solo inyectarán capital si existen condiciones jurídicas, estabilidad y dignidad laboral para los trabajadores
Según Evans, la estabilidad del país está vinculada de forma proporcional a una transición que garantice el retorno de las inversiones. El analista político subrayó que el incremento de la producción petrolera y los pagos directos por parte de Estados Unidos generan liquidez suficiente para un aumento salarial no bonificado
Evans advirtió que no hay posibilidad de crecimiento para el país si no mejora el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que un sueldo de 130 bolívares hace inviable el flujo económico necesario.
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