La detención arbitraria del abogado José Ignacio Moreno Suárez, representante legal en Venezuela de la empresa canadiense Gold Reserve Ltd., constituye un hecho de extrema gravedad jurídica y un precedente alarmante para la inversión internacional en el sector minero venezolano.
Por Versión Final
Moreno Suárez fue detenido sin orden judicial y acusado de traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir. Tales cargos, manifiestamente desproporcionados, criminalizan el ejercicio legítimo de la profesión de abogado y la defensa de los intereses de su representada en un litigio originado por decisiones del propio Estado venezolano.
La controversia se deriva de la revocatoria de derechos vinculados a la empresa mixta Empresa Mixta Siembra Minera, constituida para desarrollar los proyectos auríferos Brisas y Las Cristinas en el denominado Arco Minero del Orinoco, considerados entre los mayores yacimientos de oro y cobre de América Latina. En dicha empresa mixta, Gold Reserve poseía el 45% de participación accionaria y el Estado venezolano el 55%.
Resulta especialmente grave que el Ministerio Público haya señalado como conducta incriminatoria que el abogado actuó para “privilegiar la posición internacional de Gold Reserve”, afirmación que, en sí misma, confirma la criminalización del ejercicio profesional. Defender los intereses de un cliente no es un delito; es la esencia misma del Estado de Derecho.
El caso presenta además serias violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. Durante varias semanas, las autoridades negaron información sobre su paradero, configurando una desaparición forzada temporal. Actualmente permanece recluido en el centro penitenciario El Rodeo bajo condiciones restrictivas que limitan severamente el contacto con su defensa y familiares. Asimismo, se han denunciado confiscaciones de bienes de su núcleo familiar, sin garantías procesales transparentes.
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