El abogado constitucionalista Ramón Escovar León denunció la noche del martes 24 de marzo, que la decisión de la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, de otorgar una prórroga de 48 horas para designar al nuevo titular del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo constituye, a su juicio, una violación grave del procedimiento legal.
Por: lapatilla.com
A través de su cuenta oficial en la red social X, el jurista afirmó que reabrir el lapso de postulaciones equivale a “viciar de nulidad absoluta el procedimiento”, al considerar que los tiempos establecidos en la normativa son de carácter obligatorio y no pueden modificarse una vez iniciados.
“En su pronunciamiento, Escovar León sostuvo que la decisión parlamentaria responde a una lógica política y no jurídica, lo que —según advirtió— debilita la institucionalidad democrática en el país.
“Los lapsos son preclusivos y no se pueden reabrir. Cuando las reglas cambian en medio del proceso, la ley deja de ser límite y se convierte en expresión pura de la vocación autoritaria”, expresó.
El abogado también señaló que la medida representa un retroceso en cualquier intento de apertura política, ya que altera las reglas previamente fijadas para la designación de las autoridades del Poder Ciudadano.
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La extensión del plazo por 48 horas fue aprobada luego de que los diputados oficialistas no lograran consenso para elegir a uno de los candidatos previamente postulados para los cargos de Fiscal General y Defensor del Pueblo.
De acuerdo con la denuncia del jurista, el problema central no es legal sino político: “Todo indica que no es un problema jurídico, sino político: ajustes internos de carácter politiquero que se intentan resolver a costa de la institucionalidad”.
Enfatizó que la solución no consiste en modificar los lapsos, sino en garantizar un proceso transparente y con estándares claros de evaluación.
Entre las medidas que propuso destacan: Publicación de baremos públicos para evaluar a los candidatos, transparencia real en las deliberaciones y selección basada en independencia e imparcialidad.
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El jurista concluyó que cualquier designación realizada bajo reglas modificadas podría ser cuestionada desde el punto de vista legal y constitucional.