Familiares de presos políticos protestaron este jueves ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela con el objetivo de exigir el cese de las «torturas» a las que son sometidos sus parientes en las cárceles por parte, aseguraron, de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
lapatilla.com
Andreína Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció que la cartera de Estado ha sido «cómplice» de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario.
«Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas», señaló Baduel.
Además, dijo que los familiares de los presos políticos también son víctimas de torturas y malos tratos porque son encapuchados desde el momento en que entran a la cárcel hasta el lugar donde pueden visitar a sus parientes, a través de «un vidrio y un teléfono».
La activista denunció que su hermano Josnar Baduel, recluido en la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda (norte), se encuentra en «riesgo inminente de muerte» por las condiciones de «horror» a las que ha sido sometido y «por haber sido torturado en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)».
Por su parte, Mayra Morales aseguró que su hermano, Carlos Fonseca, presenta signos de desnutrición pese a que los funcionarios del Fuerte Guaicaipuro, donde se encuentra detenido, le indicaron que recibe alimentación.
«Lo conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo a los muchachos, los muchachos no están bien de salud», insistió.
Fonseca es acusado, junto a otras 32 personas, de participar en una fallida incursión marítima -conocida como ‘Operación Gedeón’- que tuvo lugar en Venezuela en 2020, cuando, según el régimen chavista, la oposición intentó una invasión militar.
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.
Hasta el pasado jueves, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.
Con información de EFE