Maryuri Trejo, hija del funcionario policial estadal de Apure, José Gregorio Trejo Figueredo, acudió este lunes 23 de marzo a la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para consignar un expediente formal y solicitar la intervención de organismos internacionales en el caso de su padre, quien se encuentra detenido por motivos políticos desde hace más de dos años.
Por lapatilla.com
La acción busca visibilizar las graves irregularidades procesales que mantienen al efectivo de la policía del estado Apure privado de libertad sin una resolución judicial clara.
Según denunció su hija, Trejo Figueredo, de 62 años de edad, se encuentra recluido en el centro penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda, bajo condiciones que vulneran sus derechos fundamentales.
Un proceso paralizado
José Gregorio Trejo Figueredo fue detenido en febrero de 2024. Desde entonces, han transcurrido dos años y un mes en el que, según su defensa y familiares, el proceso legal ha permanecido en un estado de parálisis absoluta.
«Venimos a consignar una solicitud, un documento para la revisión del caso de mi papá. Han pasado dos años y un mes, y no se le ha realizado nada, no se le ha aperturado nada», afirmó Maryuri Trejo a las afueras de la delegación diplomática.
A pesar de que al funcionario se le imputan cargos de extrema gravedad como traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y favorecimiento bélico, su familia sostiene que no existen pruebas que sustenten tales acusaciones.
La denuncia, que cobró relevancia tras un video difundido por la periodista Beatriz Adrián en la plataforma X, subraya que el oficial se encuentra en un «limbo jurídico», ya que no se ha dado inicio al juicio previo ni se han respetado los lapsos establecidos por las leyes venezolanas.
Exigencia de justicia
La entrega de estos documentos ante la instancia internacional representa un intento desesperado por romper el silencio judicial. La familia Trejo enfatiza que la falta de apertura del debate oral y público constituye una violación flagrante al debido proceso.
Con 62 años, la integridad física y mental del funcionario es una preocupación constante para sus allegados, quienes exigen que se revise la medida de privación de libertad ante la ausencia de avances en la investigación.
