La expansión de la minería ilegal en la Amazonía venezolana ha agravado la crisis humanitaria que enfrentan los pueblos indígenas, con cientos de muertes, contaminación ambiental y mayor presencia de grupos armados en sus territorios, según advirtió la organización Provea en un informe divulgado la tarde del viernes 6 de marzo.
Por: lapatilla.com
De acuerdo con el informe, casi 600 indígenas murieron entre 2022 y 2025 por enfermedades prevenibles y por contaminación con mercurio, en medio del debilitamiento del sistema público de salud en territorios indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Las comunidades del pueblo Yanomami figuran entre las más afectadas por esta situación.
El reporte señala que la crisis sanitaria en zonas remotas de la Amazonía venezolana ha facilitado la propagación de enfermedades prevenibles, agravada por la contaminación de ríos y fuentes de agua con mercurio producto de la actividad minera.
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Diversos informes han advertido que el extractivismo al sur del río Orinoco genera graves impactos sociales, sanitarios y ambientales, incluyendo intoxicación por mercurio, enfermedades infecciosas y deterioro de los ecosistemas amazónicos.
Otro de los puntos críticos expuestos por la organización es la paralización de los procesos de demarcación de tierras indígenas, lo que mantiene a decenas de comunidades sin seguridad territorial.
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Según el análisis de 12 procesos de demarcación en los estados Amazonas y Bolívar, solo 7,24 % de la superficie solicitada por comunidades indígenas ha sido titulada, lo que facilita la invasión de sus territorios por mineros ilegales y otros actores.
La falta de reconocimiento formal de estos territorios deja a las comunidades en situación de desprotección jurídica frente a terceros que explotan recursos naturales dentro de sus hábitats ancestrales.
Violencia y presencia de grupos armados
El informe también advierte que la expansión minera ha favorecido la presencia de grupos armados irregulares en la región amazónica.
Como consecuencia, al menos 48 defensores indígenas han sido asesinados en los últimos años mientras protegían sus territorios. Además, se han documentado casos de reclutamiento forzado de jóvenes indígenas por parte de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otras economías ilícitas.
Investigaciones previas también han señalado que la presencia de grupos armados, mafias mineras y redes criminales ha convertido zonas de la Amazonía venezolana en escenarios de conflictos violentos y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
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Las organizaciones alertaron además sobre eventuales reformas al marco legal minero, que podrían debilitar garantías fundamentales como: La consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas. Los estudios de impacto ambiental. La participación de comunidades afectadas en decisiones sobre proyectos extractivos y el llamado a un debate sobre el futuro de la Amazonía venezolana.
Ante este panorama, las organizaciones que contribuyeron al informe —entre ellas Wayamoutheri, Odevida, el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes, Clima21 y Provea— hicieron un llamado a promover un debate público sobre el futuro de la Amazonía venezolana.
Asimismo, exigieron la adopción de medidas urgentes para garantizar la protección de los pueblos indígenas, sus territorios y el ambiente, en cumplimiento de la Constitución venezolana y de las normas nacionales e internacionales que reconocen estos derechos.
