El 27 de noviembre de 2024, poco más de un año antes de que Estados Unidos invadiera Caracas para arrestarlo, el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro estaba en búsqueda de limpiar la imagen de sus operaciones de seguridad a nivel nacional.
Por Insight Crime
Ese mismo día, Estados Unidos sancionó a 21 funcionarios venezolanos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, en respuesta a la campaña de represión que Maduro había dirigido tras declararse fraudulentamente vencedor en las elecciones presidenciales celebradas en julio de ese año.
A cientos de kilómetros de Caracas, en el estado Amazonas, al sur del país, 10 militares, entre ellos un general y tres oficiales superiores de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fueron arrestados por traición. Las autoridades los acusaron de permitir el ingreso de aeronaves no autorizadas desde Brasil.
La corrupción militar en el sur de Venezuela, el corazón de la minería ilegal del país, facilita el tráfico aéreo de oro, combustible, drogas y otras cargas ilícitas mediante decenas de pistas clandestinas abiertas en plena selva amazónica.
Pero la aplicación de la ley frente a esa corrupción es selectiva. El operativo de noviembre de 2024 pudo haber respondido a la falta de pago a los mandos militares adecuados, y ofreció el beneficio adicional de mejorar la deteriorada imagen de Maduro en la lucha contra el crimen.
Para muchos integrantes de las fuerzas armadas venezolanas, el narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas criminales se han convertido en una fuente paralela de ingresos que compensa salarios exiguos.
Un exmilitar que habló con InSight Crime señaló que un coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) gana aproximadamente US$170 al mes, incluidos bonos; un teniente recibe alrededor de US$150; y un sargento, cerca de US$140. En contraste, un solo gramo de oro puede venderse por unos US$125 en el mercado local, y las tarifas que algunos militares cobran por autorizar operaciones mineras o vuelos irregulares pueden equivaler a varios meses de salario.
“Al tener a miles de jóvenes con ese salario, una placa y una pistola, se está generando toda una estructura criminal dentro de la institución”, afirmó un profesor que investiga la corrupción en Venezuela y que pidió hablar bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
La crisis económica que se profundizó tras la llegada de Maduro al poder en 2013, marcada por el colapso del sector petrolero y una hiperinflación histórica, debilitó la capacidad del Estado para pagar a sus fuerzas armadas salarios suficientes que garantizaran su lealtad. Su predecesor, Hugo Chávez, ya había permitido que la corrupción vinculada al narcotráfico llenara esos vacíos.
Bajo Maduro, otras economías ilegales se convirtieron cada vez más en un salvavidas financiero para miles de militares, quienes han ampliado su papel dentro del ecosistema criminal venezolano con la bendición del Estado.
Del petróleo al oro
A medida que la producción petrolera quedó sometida a mayores sanciones, el oro comenzó a aportar cada vez más recursos a las arcas del gobierno. En el sur del país, los militares pasaron de custodiar las minas a controlarlas directamente, cobrando peajes, supervisando operaciones y negociando con grupos criminales. La participación de las fuerzas armadas en el negocio se intensificó tras la llegada de Maduro al poder en 2013. La minería se convirtió en una fuente clave de financiamiento para las fuerzas armadas y ayudó a garantizar el sistema de lealtades que sostiene al régimen.
Según un informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition – FACT), entre el 86% y el 91% del oro extraído en Venezuela es de origen ilegal, gran parte bajo el control de élites militares, grupos guerrilleros y redes criminales transnacionales. Hasta el 70% de esa producción, valorada en más de US$4,4 mil millones en 2021, es traficada y lavada en el extranjero a través de empresas fachada y con la colaboración de actores militares.
En 2016, el gobierno creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), adscrita al Ministerio de Defensa y autorizada para operar en todas las etapas del sector extractivo. Ese mismo año, lanzó el Arco Minero del Orinoco (AMO), una zona que abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados y que consolidó aún más el control militar sobre cada eslabón del comercio del oro.
En los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, epicentros de los yacimientos mineros, los militares cobran impuestos conocidos localmente como “vacunas” para permitir el acceso a las minas. Los transportistas de combustible, maquinaria, alimentos y otras cargas también pagan tarifas para mover mercancías a través de ríos y trochas controlados por unidades militares.
Más allá de controlar los corredores y el acceso a las minas, oficiales de alto rango también actúan como mayoristas, y compran grandes volúmenes de oro que envían al exterior por rutas clandestinas hacia Colombia y Brasil. Gran parte del flujo de oro de contrabando del país está bajo control de militares y otros cuerpos de seguridad, que no necesariamente transportan el mineral, pero sí cobran pagos a las redes de tráfico para permitirles operar sin interferencias.
Con el oro cotizándose hoy en torno a US$165.000 por kilogramo, incluso la venta de pequeñas cantidades puede representar ingresos significativos.
“Mientras un ministro gana 5 kilogramos de oro mensuales (unos US$825.000), un general gana 2 kilogramos (US$330.000)”, dijo a InSight Crime un líder indígena, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias políticas.
Los militares también mantienen relaciones estrechas con los llamados sindicatos mineros, grupos armados locales que controlan zonas de extracción y determinan quién puede trabajar y vender minerales en pueblos mineros del estado Bolívar como Tumeremo, Las Claritas o El Callao.
Además de los sindicatos, la FANB ha forjado acuerdos operativos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla de origen colombiano, en varias zonas de Bolívar, donde unidades militares expulsan a grupos que se niegan a pagar y permiten que la guerrilla tome el control de las minas. El ELN regula a actores rivales, impone orden y garantiza una extracción ininterrumpida, mientras comandantes militares y figuras políticas se benefician de las ganancias mineras y de un refuerzo adicional para mantener el control.
“Ahí está directamente la guerrilla y el ejército, forman un dúo dinámico. El ejército tiene la custodia de la mina o la operación, pero la guerrilla hace el trabajo sucio para frenar a los pranes”, afirmó el dirigente opositor venezolano Américo De Grazia, quien fue alcalde de un municipio minero y diputado por Bolívar, y que fue detenido arbitrariamente en 2024 y liberado a mediados de 2025.
Más al sur, en el estado Amazonas, los militares controlan parte de la economía del oro en áreas protegidas como el Parque Nacional Yapacana. Mineros y miembros de comunidades indígenas dijeron a InSight Crime que sargentos y tenientes regulan el ingreso de maquinaria, fijan tarifas de combustible y transporte, y negocian con grupos armados que operan en la región.
Aunque el Ejército ha encabezado en los últimos años varias operaciones masivas antimineras, comunidades indígenas y organizaciones ambientales afirman que las redes criminales y las estructuras corruptas detrás del negocio no solo han persistido, sino que han fortalecido su control.
Múltiples fuentes dijeron a InSight Crime que los militares suelen advertir con antelación a los mineros sobre los operativos contra la minería ilegal, lo que les permite retirar sus dragas. Los soldados destruyen algunas máquinas frente a las cámaras y luego autorizan su regreso.
Pero este modelo no se limita al oro. Las fuerzas de seguridad aprovechan su papel como guardianes de las fronteras de Venezuela para aplicar esquemas similares en el contrabando de combustible, la extorsión y otras economías ilícitas, donde actúan como reguladores, recaudadores de tarifas y protectores informales.
Patrullando la frontera
A lo largo de las fronteras terrestres y marítimas de Venezuela, los militares se han convertido en intermediarios dentro de un ecosistema de contrabando que mueve desde drogas hasta gasolina, ganado, medicamentos y otros bienes. Esquemas de sobornos dispersos que comenzaron hace una década han evolucionado hacia un modelo de corrupción sistémica.
El sistema funciona como una pirámide: soldados de bajo rango operan puntos de control en carreteras y cobran pequeños peajes; oficiales de rango medio coordinan rutas y horarios seguros; y altos mandos negocian con actores externos y reciben pagos vinculados al volumen de mercancía.
Durante más de una década, el contrabando de gasolina fue uno de los principales pilares de financiamiento ilícito para los militares. Entre 2003 y 2017, los subsidios estatales convirtieron al combustible venezolano en el más barato del hemisferio, creando un negocio altamente rentable para redes clandestinas que trasladaban grandes volúmenes hacia Colombia y Brasil con la complicidad, y en muchos casos bajo la supervisión, de unidades militares desplegadas en la frontera.
A partir de 2015, el colapso de la industria petrolera transformó ese sistema. La caída de la producción y la paralización de refinerías redujeron drásticamente la oferta interna. Para 2020, Venezuela ya no producía suficiente gasolina para satisfacer su propia demanda, y el negocio tradicional dejó de ser rentable. En algunas zonas incluso se invirtió el flujo, y el combustible comenzó a ingresar a Venezuela desde Colombia.
Con el declive del contrabando de gasolina, las redes militares en las fronteras diversificaron su portafolio criminal. Alimentos, medicinas, ganado y otros bienes de alto volumen reemplazaron al combustible como principales fuentes de ingreso. Estos flujos dependen de la complicidad de unidades militares que controlan los puestos fronterizos y deciden qué mercancías avanzan, a qué precio y en qué cantidad.
El éxodo masivo de millones de venezolanos que huyen de la crisis económica y política creó un terreno fértil para que los militares apostados en la frontera obtuvieran ganancias del tránsito migratorio. Funcionarios de la GNB cobran sobornos para permitir el paso por corredores informales conocidos como “trochas”, reforzando un sistema que persiste incluso ahora, pese a la disminución de los flujos migratorios.
Las trochas han permitido a los migrantes evadir los puestos oficiales, donde los requisitos documentales, las largas esperas o tarifas adicionales han hecho imposible el cruce legal. Su carácter informal ha otorgado a los militares un control significativo, y las unidades destacadas cerca de estos pasos cobran por cada persona que cruza y por cada equipaje que transporta.
La presencia militar en puertos, autopistas y zonas fronterizas les otorga poder para autorizar o bloquear cargamentos de alto valor, lo que abre otra oportunidad para el lucro ilícito.
Por ejemplo, la nacionalización de la industria de la chatarra en 2021 creó un sistema de permisos y controles que fue rápidamente capturado por actores estatales corruptos, incluidos altos oficiales militares. Comerciantes de chatarra dijeron a InSight Crime que oficiales de alto rango del Ejército cobraban por firmar salvoconductos necesarios para mover cargamentos sin riesgo de incautación en los puntos de control.
Venezuela también se ha convertido en un nodo del mercado de tráfico de armas en América Latina, funcionando como origen, zona de tránsito y destino de armamento ilegal, parte del cual ha sido rastreado hasta la FANB, ya que militares venden municiones e inventario a cambio de efectivo.
En enero de 2025, durante una operación del Ejército colombiano, las autoridades incautaron armas de diversos calibres cuyo origen fue rastreado hasta las fuerzas armadas venezolanas. En octubre, un gran operativo policial contra la banda Comando Vermelho en Río de Janeiro, Brasil, descubrió dos fusiles FN FAL identificados como propiedad de la FANB.
Aunque las actividades ilícitas de los militares son en gran medida descentralizadas, la expansión de la corrupción mucho más allá del narcotráfico ha generado incentivos más fuertes para que las fuerzas armadas permanezcan leales al régimen a fin de seguir recibiendo protección para su portafolio ampliado y más lucrativo. Si bien la deserción es generalizada, las oportunidades de ingresos adicionales a través de la corrupción hacen que la institución militar siga siendo un empleador atractivo.
Pero en el corazón de la corrupción militar, que se remonta a Hugo Chávez, presidente desde 1999 hasta su muerte en 2013, ha estado el comercio de cocaína. Y fue en los primeros años del régimen chavista cuando se consolidó lo que llegó a conocerse como el Cartel de los Soles.
