Marialbert Barrios, quien fue la diputada electa más joven en la Asamblea Nacional en 2015 representando al circuito 1 del Distrito Capital —que agrupa a las parroquias La Pastora, El Junquito y Catia— anunció este jueves 26 de marzo, su postulación formal al cargo de Defensora del Pueblo ante la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista.
Por: lapatilla.com
Barrios explicó que su decisión de aspirar a la Defensoría del Pueblo responde a una convicción de servicio y al ejercicio de sus derechos ciudadanos, y enfatizó que el país “necesita instituciones al servicio de su gente”, subrayando la importancia de fortalecer las instituciones que protegen los derechos humanos y la participación ciudadana.
En una serie de publicaciones en X, Barrios detalló su trayectoria profesional y compromiso con la defensa de los derechos de los venezolanos:
Señaló que desde que egresó de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha dedicado su carrera al servicio público, acompañando las necesidades y aspiraciones ciudadanas.
Afirmó que la democracia se fortalece con instituciones funcionales, participación activa y liderazgo capaz de construir acuerdos que protejan a la gente. Recalcó la necesidad de abrir caminos de progreso con responsabilidad, respeto y sentido de país, para reducir el sufrimiento y ampliar oportunidades para todos.
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Destacó su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres, promoviendo su formación, liderazgo y participación en la vida pública.
Recordó que ha dedicado más de una década al fortalecimiento institucional y a la promoción de los derechos humanos en Venezuela.
“El país conoce mi trayectoria: una vida dedicada a la defensa de la democracia y los derechos de la ciudadanía. No descansaré en la construcción de una Venezuela de paz, diálogo y justicia social. ¡Seguimos adelante por el bienestar de todas y todos!” concluyó Barrios.
La Defensoría del Pueblo en Venezuela es una institución constitucional encargada de promover, defender y vigilar los derechos y garantías fundamentales establecidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Está dirigida por el Defensor o Defensora del Pueblo, designado por la Asamblea Nacional para un período de siete años, y forma parte del Poder Ciudadano, junto al Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
La designación en este cargo es un proceso clave en el sistema de derechos humanos del país, especialmente en un contexto en el que diversos sectores políticos han pedido mayor independencia y eficacia institucional de este organismo.