La ONG Foro Penal divulgó una denuncia la tarde del martes 24 de febrero, sobre una presunta violación al debido proceso en el caso de 29 trabajadores de la empresa Mibiturven, quienes permanecen privados de libertad desde el 1 de abril de 2025.
Por: lapatilla.com
A través de su cuenta oficial en X, la organización compartió el testimonio de Dagny Soteldo, familiar de uno de los detenidos, quien aseguró que sus parientes fueron arrestados sin orden judicial y sin que se les haya garantizado el derecho a la defensa.
“Somos de la empresa Mibiturven. Nuestros familiares están privados de libertad desde el 1 de abril de 2025 (…) eran trabajadores y fueron privados de libertad sin una orden de aprehensión, sin ninguna legitimidad, violentando el debido proceso”, expresó Soteldo.
Según la denuncia, la empresa está ubicada en La Guayana, Esequiba, y los hechos se vinculan con un expediente judicial que data del año 2019. Sin embargo, familiares sostienen que varios de los detenidos comenzaron a laborar en la compañía después de esa fecha e, incluso, algunos tenían menos de tres meses trabajando al momento de su arresto.
De acuerdo con la información suministrada, actualmente 29 personas permanecen recluidas en el Centro de Reflexión de Yare y en el Internado Judicial Rodeo II.
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La denuncia también señala el fallecimiento del sargento mayor Joender Escobar, quien murió mientras se encontraba detenido en Yare II. Sus familiares afirman que padecía patologías de base y que no habría recibido la atención médica adecuada. Indicaron además que Escobar trabajó menos de tres meses en la empresa y que el expediente judicial en su contra corresponde a 2019.
“Uno de ellos se murió porque tenía una patología de base, murió privado de libertad”, relató Soteldo, al tiempo que cuestionó las condiciones de reclusión y el acceso a la salud de los detenidos.
Los familiares denunciaron que, tras más de 10 meses de detención arbitraria, no se ha celebrado audiencia preliminar y no han podido acceder al expediente judicial.
Asimismo, aseguraron que no se les ha permitido designar abogados privados y que el defensor público asignado presuntamente no conoce a los detenidos ni ha tenido contacto con ellos. “No podemos ver el expediente. No se puede nombrar abogado privado. El defensor no conoce a ninguno”, afirmó Soteldo.
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También indicaron que al momento de la detención no existía orden judicial y que, hasta la fecha, desconocen los cargos formales en su contra. Según el testimonio difundido por Foro Penal, las autoridades habrían alegado “flagrancia”, aunque los familiares sostienen que no se les ha ofrecido información clara ni documentación que sustente esa versión.
Los familiares pidieron la liberación inmediata de los detenidos y su inclusión en eventuales procesos de amnistía, al considerar que se trata de personas inocentes y que el caso representa una vulneración de garantías constitucionales.
“Si lo que queremos es reconciliación, tenemos que empezar a demostrar que se cumple el debido proceso, que se liberen nuestros familiares porque son inocentes”, concluyó Soteldo en el mensaje compartido por la ONG.
Video, cortesía: X/@ForoPenal
