El abogado venezolano Omar Mora Tosta denunció este jueves que se venció el plazo de 15 días para dar una respuesta sobre la amnistía solicitada para Perkins Rocha, asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y de la líder opositora María Corina Machado, por lo que sigue en arresto domiciliario.
En declaraciones a los medios desde el Palacio de Justicia, en Caracas, Mora Tosta indicó que ha acudido a diario para tener información sobre el proceso pero le han indicado que solo falta la firma o que «el juez está en una reunión».
El abogado explicó que en la causa de Rocha están involucradas ocho personas más, entre ellas el periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño y la coordinadora de formación de la ONG Súmate, Nélida Sánchez, que tampoco han recibido respuesta a su petición de amnistía y se mantienen fuera de la cárcel con medidas cautelares.
También está el exdiputado Freddy Superlano, quien sí recibió la amnistía.
De acuerdo a la Ley de Amnistía, aprobada en febrero pasado por el Parlamento chavista, los tribunales tienen 15 días máximo para tomar una decisión sobre la amnistía que soliciten los presos políticos.
«El plazo es dentro de los 15 días, no es que hay que esperar 15 días para que se pronuncie y con más razón si se ha producido felizmente la amnistía en el caso de, por ejemplo, Superlano y de otras personas que están dentro del proceso, pues con más razón el resto tiene que tenerlo por efecto extensivo», insistió.
El jurista señaló que Rocha no pudo asistir al velorio de su suegra, quien falleció hace dos días, por tener una medida de arresto domiciliario desde el pasado 8 de febrero.
Rocha fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al cuestionar a esta institución por proclamar la victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.
Perkins rechazó, además, la convalidación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), institución que confirmó los resultados proclamados del CNE a favor de la reelección de Maduro, en medio de cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela.
El opositor, detenido arbitrariamente en agosto de 2024, fue vinculado junto a Superlano y el exdiputado Biagio Pilieri con la divulgación en una página web del «83,5 %» de copias de actas electorales de las presidenciales del 28 de julio.
El entonces fiscal general, Tarek William Saab, dijo que los opositores estaban siendo investigados porque «avalaron», «verificaron» y «divulgaron como real» la página web donde están las actas que recolectó la PUD a través de testigos y miembros de mesa en las presidenciales y que la coalición señala como prueba del reclamado triunfo de su líder, Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio.
Con información de EFE