La sociedad civil venezolana e internacional, liderada por SOSOrinoco, emitió un pronunciamiento crítico frente a las recientes Licencias Generales 51A, 54 y 55 emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Por: lapatilla.com
Estas licencias autorizan la ampliación de las actividades mineras en Venezuela, incluyendo transacciones de oro y posibles inversiones en el sector, bajo un marco que, según las organizaciones, presenta graves riesgos ambientales, sociales y financieros.
Según SOSOrinoco y organizaciones asociadas, estas licencias representan un retroceso frente a estándares internacionales de derechos humanos y protección ambiental, y podrían consolidar un sistema minero criminalizado en Venezuela.
El pronunciamiento resalta que la minería en el Arco Minero del Orinoco está marcada por:
- Destrucción ambiental: Uso ilegal de mercurio y explotación de áreas protegidas y parques nacionales.
- Violaciones de derechos humanos: Trabajo forzado y explotación de comunidades indígenas por actores armados irregulares, incluyendo ELN, Farc y Tren de Aragua.
- Delitos patrocinados por el Estado: Monopolio de CVM/MINERVEN que enriquece a funcionarios y fuerzas militares.
El comunicado advierte que las licencias carecen de mecanismos de transparencia, con alto riesgo de que los ingresos se desvíen a actores sancionados o grupos criminales.
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Entre el 80% y 90% del oro venezolano se produce fuera de canales formales, lo que podría blanquear oro ilícito a nivel global, afectando la cadena de suministro internacional y el cumplimiento de normas de la UE y la Ocd.
Las organizaciones firmantes solicitan al Gobierno de Estados Unidos:
- Revocar inmediatamente las Licencias 51A, 54 y 55.
- Aplicar normas tipo “Ley Lacey” para minerales libres de destrucción ambiental y violaciones a pueblos indígenas.
- Establecer mecanismos vinculantes de cumplimiento ambiental y de derechos humanos.
- Excluir zonas mineras controladas por grupos armados o criminales.
- Garantizar transparencia absoluta de los ingresos provenientes de la minería.
Las organizaciones llaman a la comunidad internacional, a refinerías y comerciantes responsables de oro, a rechazar cualquier mineral venezolano procesado bajo estas licencias hasta que existan pruebas verificables de que las cadenas de suministro son transparentes, libres de conflictos y completamente trazables.
“La transparencia no es opcional: es la condición para la legitimidad”, enfatiza el comunicado de SOSOrinoco y otras 10 ONG.