Desde que Donald Trump inició un despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico, el chavismo denunció reiteradamente el interés de Washington en los recursos naturales del país. Para este sector político, dichas acusaciones se confirmaron con la confiscación del primer buque con crudo nacional, una cifra que ya asciende a seis embarcaciones. Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, la política venezolana en materia energética dio un giro para permitir la entrada de empresas extranjeras.
En sus declaraciones desde la primera incautación, Trump denunció que Venezuela le quitó el control de campos petroleros desarrollados por empresas estadounidenses. Tras la captura de Maduro y Flores, en un operativo en Caracas, el mandatario estadounidense habló del control de la industria petrolera venezolana, del envío de entre 30 y 50 millones de barriles al país norteamericano, y de acuerdos que incluyen inversiones privadas en el país.
En todo este escenario, los recursos naturales de Venezuela distintos al petróleo, cobran relevancia, tomando en cuenta la confluencia de acuerdos entre la administración de Maduro con países como China, Rusia e Irán, que, de acuerdo con diversos análisis, resultaron ser el detonante para el ataque de Estados Unidos. Sin embargo, el tema petrolero no queda de lado.
El jueves 15 de enero, durante la presentación de la memoria y cuenta 2025 en representación de Nicolás Maduro, Rodríguez presentó ante el Parlamento una propuesta de reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el fin de introducir en esta legislación los modelos productivos establecidos en la Ley Antibloqueo. “Que permita que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, donde nunca se ha hecho inversión y donde no hay infraestructura. Pido a este cuerpo legislativo la aprobación de esta reforma parcial”, dijo. Menos de un mes después, la reforma había sido sancionada.
En su momento, Rodríguez detalló que el convenio con Chevron se basa en un contrato de participación productiva del sector hidrocarburo, previsto en la Ley Antibloqueo, que le impone a la petrolera estadounidense, entre otras cosas, un tope de producción. Destacó que con este modelo se alcanzaron inversiones cercanas a los 900 millones de dólares en 2025, lo que permitió aumentar la producción de crudo nacional a 1,2 millones de barriles diarios.
Bajo ese mismo esquema se rigió la actualización a la Ley de Hidrocarburos aprobada el 29 de enero, y es la metodología que intentan llevar ahora a la Ley de Minas. Con 18 artículos, este instrumento legal establece las actividades primarias no solo puedan ser realizadas exclusiva o mayoritariamente por el Estado, como antes, sino también por «empresas privadas domiciliadas» en el país, «en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales».
Además de la flexibilización de las reglas que rigen la participación de empresas privadas en proyectos petroleros, la reforma incluye la posibilidad de reconocer el arbitraje internacional en disputas de inversión y un esquema que permite un pago más directo de regalías al Estado venezolano.
EE. UU. apura cambios en minería
En el marco de los recientes acuerdos con Estados Unidos en materia minera, sellados con la visita a Caracas de su secretario de Interior, Doug Burgum, se espera para los próximos días la presentación en la Asamblea Nacional de la propuesta de ampliación de la Ley de Minas. El funcionario destacó el potencial geológico de Venezuela, describiéndolo como un país rico con grandes reservas de petróleo, gas y minerales.
En el mensaje de la Embajada de Estados Unidos de Venezuela ante la llegada del secretario Burgum a Caracas, el organismo detalló que su agenda contemplaba el trabajo por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos segura.
El funcionario reveló que lo acompañaron representantes de unas dos docenas de compañías estadounidenses —líderes mundiales en el ramo—, cuyo regreso representaría “miles de millones de dólares en inversiones y empleos bien remunerados”, y mencionó que Trump espera la eliminación de trámites burocráticos para facilitar la inversión.
La visita concluyó con la promesa de licencias para que empresas mineras puedan operar en el país, que se materializó en menos de 24 horas, y la firma de acuerdos con la británica Shell, además de negociaciones para que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que transportará el oro a las refinerías estadounidenses, según informó en exclusiva el portal Axios.
¿Qué establece la legislación minera vigente?
En Venezuela, la Constitución Nacional en su artículo 12 establece que “los yacimientos mineros son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”; y en su artículo 156 señala que los hidrocarburos y las minas son competencia del Poder Público Nacional.
La actividad minera está regulada por la Ley de Minas de 1999. En 2015 la Asamblea Nacional sancionó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos, que centraliza el control del oro y faculta al Ejecutivo para declarar otros minerales como «estratégicos», limitando su explotación a empresas mixtas donde el Estado tenga una participación de 55 %, así como a alianzas estratégicas. Este instrumento legal también establece la venta obligatoria de estos minerales al Banco Central de Venezuela (BCV).
Con base en esa regulación, en octubre de 2021 fue sancionado el Decreto No 4.598 que declara como elementos estratégicos para su exploración, explotación, beneficio-transformación y comercialización, los minerales Casiterita, Níquel, Rodio, Titanio y los minerales asociados a los elementos de las Tierras Raras, por lo cual quedan sujetos al régimen de reserva.
A comienzos de 2024, la Asamblea Nacional comenzó la discusión del proyecto de ley de minerales críticos y estratégicos, que busca regular específicamente materiales como el coltán, litio y tierras raras para impulsar su industrialización.
¿Qué minerales tiene Venezuela?
En Venezuela hay 48 minerales que tienen aplicación directa en los sectores productivos, de acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico: arcilla blanca, arcilla roja, arcillas, arenas, azufre, barilio, bario, barita, bauxita, bentonita, caliza, caolín, caolinita, carbón, casiterita, cobalto, cobre, coltán (columbita-tantalita), cromo, cuarzo, diamante, diatomita, dolomita, estaño, feldespato, fosfato, granito, hierro, ilmenita, lignito, magnesita, mármol, mica, níquel, oro, plata, plomo, potasio, sal, sílice, silicio, talco, tantalio, torio, turba, uranio, yeso y zinc.
El plan del sector minero para el período 2019-2025 priorizaba la explotación, transformación y suma de valor en 13 de estos minerales con el fin de contribuir a “las exportaciones y al desarrollo de la industria nacional de bienes intermedios y finales”. Entre ellos destacan:
- Hierro: Los yacimientos más importantes de este mineral están en Guayana. Luego de la nacionalización en 1975, esta industria consolidó su producción con un promedio anual de 16 millones de toneladas hasta el 2008, fecha de la estatización de Sidor.
- Oro: Los yacimientos de oro se encuentran en el estado Bolívar. Su aplicación va desde la industria de la joyería, hasta la reserva de valor y medio de cambio, fabricación de lingotes, y de partes especiales de naves espaciales y aviones de propulsión. La producción de este mineral aumentó hasta superar las 20 toneladas en 1997 provenientes de concesiones y de libre aprovechamiento según cifras oficiales, que impulsaron inversiones en esta industria. Diversos informes indican que entre el 89 y 90 % del oro se extrae de manera ilegal, situación que se intensificó entre 2012 y 2016. Entre los años 2017 y 2018 la producción de vendió en su totalidad al BCV.
Níquel: la producción de este mineral es competencia del Estado desde 2012, cuando se venció la concesión de Minera Loma de Níquel C.A. del grupo Anglo American, que desarrollaba esta industria desde el 2000.
Bauxita: La producción de este mineral en Bolívar a cargo de CVG Bauxiven alcanzó a finales de los 90 unos 4 millones de toneladas, que se mantuvieron hasta 2008. Bauxiven se fusionó con Interalúmina para crear Bauxilium en 1994, empresa que luego pasó a manos del Estado. En 2017 se firmó un contrato con Corporación de Ingeniería Ferroviaria China (CREC) con el fin de recuperar esta industria, pero hasta el año siguiente la producción seguía en cero.
- Diamante: la explotación de diamantes se concentra en el estado Bolívar, principalmente en la zona del Arco Minero del Orinoco. Este mineral tiene aplicaciones en la industria de la joyería, así como en la fabricación de herramientas de corte, perforación, lijado y pulido, y de semiconductores y microchips. Su extracción ha estado en manos de la minería artesanal y en menor medida, por concesiones del Estado. El Ministerio de Minas destaca que los diamantes venezolanos, cumplen con los parámetros del Sistema de Certificación del Proceso Kimberley.
- Coltán (columbita-tantalita): la mayoría de los yacimientos se ubican en la zona noreste de Amazonas y la región suroccidental del municipio Cedeño, Bolívar. Es un mineral muy valioso, que funciona como materia prima para la fabricación de artefactos electrónicos del sector de la informática y las telecomunicaciones, insumo clave para la fabricación de condensadores electrónicos diversos, superaleaciones utilizadas en la construcción de máquinas y gasoductos, turbinas de aviones a reacción, tubos de escape de automóviles, cerámicas electrónicas y objetos fotográficos. A partir de 2012, se conoce el tráfico ilegal de coltán como mercado negro en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Cantidades de este mineral se comercializan en redes de contrabando a cargo de paramilitares armados y narcotraficantes. Según Transparencia Venezuela, una de las particularidades de este mineral es que su origen se puede identificar fácilmente con pruebas de radioactividad, a diferencia del oro.
A estos minerales priorizados se suman el carbón, sílice, fosfato, feldespato, mármol, granito, y caliza.
¿Qué son las tierras raras?
Es el nombre que le otorga la tabla periódica a 17 elementos químicos considerados raros porque es poco frecuente encontrarlos en su forma más pura, si bien existen depósitos en varios países. Estos elementos son utilizados en la fabricación de artefactos de alta tecnología como reactores nucleares, láseres, amplificadores de microondas, baterías de alto rendimiento, combustibles o filtradores de radiación, explica el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
En el país, las reservas de tierras raras se encuentran, principalmente, al norte del estado Bolívar, en el Arco Minero del Orinoco, un área de 111.843,70 Km2 formalizada en 2016 para diversificar la economía ante la crisis petrolera, estableciendo una amplia zona para la explotación de minerales.
La gestión minera
Anteriormente, la dirección de la actividad minera era competencia adjunta a ministerios del área energética o de industrias básicas, como los ministerios de Minas e Hidrocarburos, Energía y Minas, Industrias Básicas y Minería, o Petróleo y Minería.
En junio de 2016 fue creado el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico con el objetivo de manejar de manera exclusiva la actividad minera en el país. Se trató de la apuesta de la administración de Nicolás Maduro para aumentar los recursos, en medio de la caída de los precios del petróleo y de la producción de crudo venezolano.
Desde entonces, este ente ha tenido siete ministros con los que se han firmado diferentes convenios con empresas internacionales para la explotación minera: Roberto Mirabal (2016), Jorge Arreaza (2017), Víctor Cano (2017- 2019), Gilberto Pinto Blanco (2019-2024), Magaly Henríquez González (2020-2021), William Serantes Pinto (2021 – 2024) y Héctor Silva (desde 2024).
Roberto Mirabal es actualmente presidente ejecutivo del equipo de béisbol Tiburones de La Guaira. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, entre 2009 y 2010 fue director general de concesiones mineras en el Ministerio para las Industrias Básicas y Minería, luego asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE) y finalmente ministro de Desarrollo Minero Ecológico.
En agosto de 2016, bajo su dirección, se conformaron empresas mixtas en la Faja Petrolífera de Orinoco, con contratos para ese año y el siguiente por 4.500 millones de dólares, con la Corporación Faox y Gold Reserve, esta última es la misma que Hugo Chávez había expulsado años atrás. Con la Corporación Faox los contratos contemplaban la explotación del coltán. La filtración Paradise Papers mostró que ambas empresas tenían relación con el paraíso fiscal de Barbados, según un trabajo de Armando Info de 2017.
También en agosto de 2016, Mirabal suscribió convenios por 5.500 millones de dólares con las canadienses Barrick International Corp., a través de la cual se adquiriría tecnología; MPE International Inc., experta en instalación y operación de plantas de trituración, molienda y beneficio mineral; la italiana Bedeschi, para servicios en el área de transporte y plantas de almacenamiento; Afridam Dwc Llc, de la República del Congo, que permitiría la comercialización de diamantes, y Yankuang Group, consorcio chino que incrementaría y modernizaría la capacidad de las plantas procesadoras. Por esas fechas, Maduro instruyó la compra de oro “a precios justos” a los pequeños mineros; y una recién creada Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, a cargo de Avilio La Barca Bracho, mediría el riesgo ambiental donde se desarrollan los proyectos.
Meses antes, cuando el área todavía era competencia del Ministerio de Petróleo y Minería, el entonces ministro Eulogio Del Pino había anunciado acuerdos con la canadiense Gold Reserve por 2.000 millones de dólares.
Jorge Arreaza, quien antes había sido vicepresidente de la República y ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, sustituyó a Mirabal en la cartera de Minería, pero por unos seis meses, pues luego fue designado como canciller. Durante su gestión se realizó el traslado de, al menos, 500 kilogramos de oro a las arcas del Banco Central de Venezuela (BCV) y se refirió en varias oportunidades a las mafias en torno a la actividad minera.
Desde agosto de 2017, Víctor Cano estuvo al frente de este Ministerio. Venía de desempeñarse como viceministro de Exploración e Inversión Ecominera, y anteriormente ocupó cargos como presidente de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales (ABAE), viceministro de Exploración e Inversión Ecominera y presidente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismologicas (Funvisis), entre otros.
Bajo su gestión se firmaron 22 acuerdos para establecer alianzas con la pequeña minería en el municipio El Callao del estado Bolívar. A finales de 2017 se completó la entrega de 7,8 toneladas de oro al BCV, proceso iniciado por Arreaza y Maduro anunció un plan de Ordenamiento de Gestión Productiva de la Minería, donde establece 23 áreas dentro del Arco Minero del Orinoco para la producción con la pequeña minería. En el primer trimestre de 2018 se firmaron 53 alianzas más con la pequeña minería en las zonas de El Perú, La Ramona y Ganiamo de Bolívar; y para finales de ese año las alianzas ascendieron a 185.
En 2018, todavía en su gestión, se realizó la primera exportación legal del coltán, a Italia, un cargamento valorado en 300.000 dólares. Posteriormente se reportaron han reportado incautaciones del conocido oro azul venezolano en países como Colombia e Italia, según reseña Transparencia Venezuela.
La militarización del sector comenzó con el almirante Gilberto Amílcar Pinto Blanco, quien fue designado ministro de Desarrollo Minero Ecológico en agosto de 2019. Previamente había sido ministro de Pesca y Acuicultura y dejó el cargo en 2020 para postularse a diputado de la Asamblea Nacional. En 2021 fue electo gobernador del estado Sucre.
Durante su gestión en la cartera de Minería, Maduro autorizó el arranque de la primera planta integral de extracción y procesamiento de oro del Complejo Manuel Carlos Piar, en Bolívar, con capacidad para procesar 20 kilogramos de oro mensuales en el arranque, y a largo plazo 200 kilogramos al mes.
En su momento, Gilberto Pinto Blanco dijo que era la primera de nueve plantas que se inaugurarían “para crear el complejo de procesamiento aurífero más grande del mundo”.
Magaly Henríquez González fue nombrada ministra para Desarrollo Minero y Ecológico en septiembre de 2020. Anteriormente fue viceministra de Exploración e Inversión Ecominera y presidenta del Centro Nacional de Tecnología Química. Actualmente es embajadora de Venezuela en Namibia. No hay datos relevantes de su gestión en el sector minero.
En agosto de 2021 asumió este Ministerio el almirante William Serantes Pinto, quien era Comandante General de la Armada Bolivariana. Durante el final de su gestión, en junio de 2024, firmó con Turquía un contrato de concesión para la exploración y explotación de minerales, oro y cobre y su comercialización, entre otros acuerdos del área gasífera y petroquímica
Días después asumió el Ministerio y la presidencia de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) el actual titular de esta cartera, Héctor Silva. Anteriormente fue presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. El año pasado, el ministro Silva firmó acuerdos internacionales de minería, entre ellos una alianza estratégica entre Minerven y la empresa australiana Aurumin para la explotación y exploración de la mina de oro Sosa Mendez; así como un memorándum de entendimiento para la explotación de minería en el área de oro entre el Ministerio que dirige y la empresa china Zhongshe Foreing CO. LTD.
Silva estuvo presente el pasado 13 de enero en una reunión con Mohammed Hammad Al Shamsi, enviado especial de los Emiratos Árabes Unidos, en la que se revisaron acuerdos bilaterales y la exploración de áreas de inversión en Venezuela.
Minería ilegal
Pese al aumento de controles gubernamentales en el Arco Minero del Orinoco, los ilícitos en la zona no se han detenido. Las irregularidades comienzan con la explotación y llegan hasta la fuga de los minerales con destino a países como Colombia y Brasil o Turquía, según un informe de Transparencia Venezuela.
Este documento destaca que diversas investigaciones y reportes oficiales evidencian la extracción de oro y otros minerales estratégicos de áreas no autorizadas, como Amazonas, que no forma parte del Arco Minero, o el Parque Nacional Canaima, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco.
También señala que buena parte de los pequeños mineros que extraen oro no están inscritos en el Registro Único Minero, si bien la norma exige que mineros, molinos y alianzas estratégicas deben hacer este trámite. «La ausencia de rendición de cuentas de los entes estatales, pasado por la Oficina Nacional del Tesoro, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico o el Banco Central de Venezuela impide conocer con exactitud cuánto ingresa por concepto de regalías o por el pago de porcentajes para autorizar la explotación. Sin embargo, el mismo general en jefe Hernández Lárez ha confirmado la presencia de organizaciones criminales a cargo de explotación minera en el estado Bolívar y en Amazonas que por su misma naturaleza, no reportan beneficios económicos al país y por el contrario generan un gran daño en las poblaciones», dice el reporte e Transparencia Venezuela.
Cita investigaciones periodísticas que reportan la existencia de alrededor de 42 pistas de aterrizaje clandestinas cercanas a más de 3.700 puntos de minería ilegal en Bolívar y Amazonas que, junto con las rutas por el bosque amazónico y el uso de migrantes como “mulas”, representan los principales medios de contrabando del oro venezolano.
La entrada Oro, diamantes, coltán y tierras raras: ¿qué hay detrás de los recursos naturales que decía defender el chavismo? se publicó primero en El Pitazo.