El periodista y activista venezolano Carlos Julio Rojas denunció este domingo más de un mes de retraso de la respuesta sobre la amnistía solicitada por su equipo de defensa, lo que a su juicio busca silenciarlo y amenazarlo con una nueva detención por protestar pacíficamente.
«En el tribunal 1 en materia de terrorismo me responden que esperan órdenes de arriba», señaló Rojas citado en una nota de prensa.
A su juicio, esto tiene como objetivo silenciarlo y amenazarlo con una futura nueva detención «solo por el hecho de protestar pacífica y constitucionalmente o expresar una opinión contra el Gobierno interino de Delcy (Rodríguez)».
«Así se perpetúa el autoritarismo y no se va a la tan ansiada transición democrática», añadió.
De acuerdo a la Ley de Amnistía, promulgada en febrero pasado, los tribunales tienen un plazo de 15 días para dar una respuesta sobre estas solicitudes.
Rojas indicó que por esta razón no llevó a cabo la tradicional Quema de Judas, en la que cada Domingo de Resurrección se incineran muñecos que representan a personajes impopulares como una señal de crítica ante la traición a la confianza pública.
«Al criminalizar un acto cultural como la Quema de Judas por miedo a la crítica se reconfirma que en Venezuela vivimos una dictadura la cual solo cambió el rostro de Nicolás Maduro por ahora Delcy Rodríguez», sostuvo el activista.
Rojas fue detenido el 15 de abril de 2024 y fue acusado, según el entonces fiscal general, Tarek William Saab, de los presuntos delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
Las autoridades lo acusaron de estar supuestamente vinculado a un plan para asesinar a Maduro durante el acto de inscripción de su candidatura presidencial, en marzo de 2024, para las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.
El pasado 26 de marzo, el Parlamento venezolano informó que un total de 8.146 personas han recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía promulgada en febrero en Venezuela.
El diputado y presidente de la comisión que hace seguimiento a la norma, Jorge Arreaza, detalló que de esos 8.146 beneficiados, 310 estaban encarcelados y otros 7.836 tenían libertad restringida con medidas cautelares, como prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Más de un mes después de su promulgación, las autoridades venezolanas no han publicado un listado con las identidades de los amnistiados, pese a la petición pública del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk.
Con información de EFE