Una decena de familiares y activistas de la ONG Surgentes exigieron este jueves que el Parlamento chavista revise los casos de detenidos acusados con cargos de terrorismo, que consideran «falsos positivos», y que han sido excluidos de la Ley de Amnistía aprobada hace un mes.
Desde las afueras de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, el activista Oglis Ramos indicó que pidieron a la comisión parlamentaria de seguimiento de la amnistía la revisión de más de cien casos excluidos de esta norma, que en su articulo 9 excluye los delitos de narcotráfico, lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción y a procesados por acciones armadas.
«Exigimos a las comisiones que revisen los casos y no solo que revisen los casos, sino que devuelvan a cada uno de sus familiares a las casas», expresó.
Ramos, quien estuvo detenido y fue excarcelado a finales de febrero, señaló que tienen registrados alrededor de 140 casos de personas acusadas por supuestas vinculaciones con los supuestos grupos «tancol», acrónimo inventado por el régimen chavista para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos».
Los acusados, detalló Ramos, fueron detenidos en estados fronterizos con Colombia, como Táchira, Apure y Zulia -todos en el oeste del país-, pero la mayoría se encuentran recluidos en cárceles como Yare II y III y El Rodeo I, II y III, todas ubicadas en el norte del país.
También, denunció retardos procesales y que varios llevan años encarcelados «sin juicio» y con acusaciones «amarañadas» porque «no hay nada en los expedientes».
Miguel Ángel Pérez, padre de uno de estos detenidos, aseguró que son inocentes, pero tienen acusaciones relacionadas con terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento para actividades armadas.
Según dijo, han acudido a distintos organismos del chavismo para gestionar su amnistía, pero no han recibido respuesta.
«Venimos muchos haciendo sacrificios. No tenemos cómo pagar abogado y por eso no nos toman en cuenta. Simplemente nosotros vamos al abogado que el Gobierno les asigna (…). Las audiencias (de juicio) se las aplazan», agregó.
Por su parte, Delvis Alarcón pidió la liberación de su sobrino, Jhoneider Piñeres, ciudadano colombiano detenido en Apure en 2022.
Relató que presentaron su caso ante las autoridades en Cúcuta, Colombia, para pedir apoyo institucional de ese Gobierno, pero no han recibido respuestas.
«Estuvimos en Cúcuta cuando se dio la fecha de que se iba a reunir el presidente de Colombia con la presidente encargada de aquí de Venezuela, pero se pospuso esa reunión (…). Nos fue imposible a nosotros llevar este caso y muchos casos de connacionales que están aquí recluidos», lamentó.
Este jueves se cumple un mes de la promulgación de la amnistía, en medio de denuncias por rechazos de la medida a periodistas, activistas políticos y sindicalistas.
Hasta el jueves pasado, el Parlamento chavista cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que los otros 253 estaban encarcelados, aunque todavía no se ha publicado una lista oficial.
Con información de EFE