La ONG de derechos humanos, Un Mundo Sin Mordaza, condenó este jueves 9 de abril las recientes designaciones de Larry Devoe como Fiscal General y de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo, al considerar que consolidan la “captura política” del Poder Ciudadano en Venezuela.
Por: lapatilla.com
A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial en X, la organización denunció que estos nombramientos representan un nuevo paso en la “demolición de la independencia institucional” en el país.
Según la ONG, la designación de Devoe evidencia la continuidad del control político sobre el Ministerio Público, señalándolo como una figura asociada a la “impunidad”.
Cabe recordar que Devoe ya venía ejerciendo funciones dentro del aparato institucional vinculado al oficialismo y fue ratificado por la Asamblea controlada por el chavismo este mismo día.
En el caso de González Lobato, la organización advirtió que su perfil “no satisface el requisito constitucional de competencia manifiesta en derechos humanos”, lo que —a su juicio— desnaturaliza el rol de la Defensoría del Pueblo.
Para Sin Mordaza, esta institución corre el riesgo de convertirse en un espacio de “administración del conflicto” en lugar de garantizar la protección efectiva de las víctimas.
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La ONG también criticó que estas designaciones se realizan bajo el argumento de una supuesta “normalidad institucional”, ignorando advertencias previas de organismos internacionales y de la sociedad civil.
En ese sentido, alertó que el proceso viola principios fundamentales como la transparencia, el mérito y la independencia, exigidos tanto por la Constitución venezolana como por estándares internacionales en materia de justicia.
Días antes, otras organizaciones ya habían advertido que algunos aspirantes a estos cargos no cumplían con requisitos legales, incluyendo la independencia política .
Ante este escenario, Un Mundo Sin Mordaza exhortó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a pronunciarse sobre lo que califican como un nuevo avance hacia el “blindaje de la impunidad”.
La organización insistió en que las designaciones del Poder Ciudadano deben ajustarse a estándares internacionales de independencia, como garantía de un sistema de justicia imparcial.
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