En un encuentro cargado de emotividad y denuncias contundentes, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, junto a un grupo de ciudadanos recientemente liberados, rompió el silencio sobre las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales ocurridas tras el 28 de julio de 2024.
Por lapatilla.com
La jornada que se realizó en el Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz, al sur del país, este martes 17 de marzo, estuvo encabezada por Orlando Moreno y el expreso político Ramón Bejarano, sirvió para documentar los casos que formarán parte de los expedientes de la justicia internacional contra la estructura represiva del Estado.
Ramón Bejarano, cuya voz representó a los liberados presentes, ofreció un relato desgarrador sobre su paso por los centros de detención.
Bejarano calificó su detención como un «secuestro arbitrario» por el simple hecho de defender la voluntad popular y la ideología del cambio.
«Yo quiero salir ahora a la calle y poderme poner una camisa del partido que yo crea, y no que este régimen me obligue a ponerme una camisa que diga Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) todos los días», fustigó.
Durante su intervención, reveló que perdió 20 kilos de peso, debido a la miseria que se vive en los calabozos venezolanos. «En las cárceles la gente se está muriendo de hambre. Yo compartía mi comida, porque es imposible no sentir el dolor ajeno y estar comiendo tú solo. Necesitamos dignidad humana».
Bejarano también denunció el colapso del sistema judicial, señalando que los defensores públicos actúan como agentes de presión para obligar a los detenidos a firmar documentos sin defensa real. «El defensor me dijo ‘firma, firma’, y yo le dije: ‘tú no me vas a defender’. No tenemos derecho a defensores privados; la defensoría pública te obliga a incriminarte».
Bejarano hizo un recuento del horror presenciado por las víctimas: «Vimos a Rocío San Miguel con su dolor en el brazo dándonos fuerza; vimos a compañeros desmayarse en celdas sin atención médica. Incluso, supimos de niños torturados para grabar videos incriminando a nuestra líder María Corina Machado. Ese es el nivel de terror que estamos enfrentando».
La estructura represiva sigue intacta
Orlando Moreno, coordinador del Comité de DDHH de Vente Venezuela, aportó datos técnicos que dimensionan la magnitud de la persecución política en el país.
Según el registro detallado, se contabilizan más de 3.000 presos políticos desde el 28 de julio de 2024, de los cuales casi 500 pertenecen al Comando Con Venezuela.
Moreno fue tajante al señalar la responsabilidad de la cúpula estatal en las torturas. «Estamos documentando hasta el último caso para que esos crímenes tengan respuesta. Los crímenes de lesa humanidad están por encima de cualquier acuerdo político o de esa ‘chucuta’ Ley de Amnistía que revictimiza a los ciudadanos», afirmó.
Ante la crisis sanitaria en los penales, donde se reportan brotes de tuberculosis y dengue, el comité exigió el ingreso inmediato de la Cruz Roja y de Médicos Unidos de Venezuela. Moreno enfatizó que la libertad debe ser total: civiles, militares y policías deben salir de las mazmorras.
Además, propuso un plan de «Garantía de No Repetición» que incluye la memoria histórica: «Convertiremos los centros de tortura y las casas clandestinas en museos, para que los niños aprendan lo que vivimos y que jamás el socialismo del siglo XXI vuelva a repetir este horror».
Rostros de la resistencia
En el acto fueron reconocidos, uno a uno, los expresos políticos presentes y aquellos que aún están en la clandestinidad o en el exilio, entre ellos: Virgilio Laverde, José Francisco Zambrano, Edgar Sarabia, Álvaro Mora, Marvin González, Omayra Salazar, Ramón Bejarano, Jesús Ramírez, Carlos Martínez, Juan Valor, Rodrigo Pérez, Fernando Serrano, entre otros.
También se recordó a Cecilia Espejo y al coordinador Douglas Rodríguez, destacando que el exilio también es una forma de violación de los derechos humanos. El evento concluyó con la ratificación del compromiso por la libertad y la justicia, asegurando que cada historia de horror documentada en el estado Bolívar será una prueba irrefutable ante la justicia internacional.