La ley de amnistía ha entrado en vigencia y el chavismo ha asegurado que más de 300 presos serán excarcelados este fin de semana. A los tribunales han comenzado a llegar solicitudes, según Jorge Arreaza, quien dirige la comisión que evaluará los casos.
Por Florantonia Singer | EL PAÍS
La ley es selectiva y excluyente. Por sí sola no podrá saldar la enorme deuda de violaciones de derechos humanos de los últimos 27 años de gobiernos chavistas. “Hay inclusiones tan específicas que terminan excluyendo”, dice Alfredo Romero, representante de Foro Penal, la ONG que ha defendido a la mayor parte de los perseguidos políticos venezolanos. En la norma se han listado 13 situaciones ocurridas en 14 años del período de más de dos décadas que se pretende revisar que comienza el 1 de enero de 1999 y termina ayer, cuando se promulgó la ley. De esos 14 años señalados para la amnistía se han circunscrito algunos pocos meses relacionados mayoritariamente con protestas. Sindicalistas y trabajadores judicializados por defender derechos laborales, personas acusadas por incitación al odio por alguna opinión en redes sociales y los involucrados en casos militares son los grandes excluidos de la ley.
Entre los que han quedado por fuera están los sentenciados a 30 años de prisión por la Operación Gedeón ocurrida en 2020. Esta fue una incursión marítima en lanchas de militares retirados y civiles con apoyo de ex boinas verdes estadounidenses —que han sido liberados en intercambios de prisioneros entre Washington y Caracas. En la incursión querían derrocar al chavismo y no alcanzaron siquiera a desembarcar. En este caso han involucrado a Josnar Baduel, hijo del ex ministro de Defensa de Hugo Chávez Raúl Isaías Baduel, un preso político que murió en prisión, y hermano de Raúl Emilio Baduel, que también estuvo en la cárcel por participar en protestas y fue liberado a través de un indulto de Nicolás Maduro en 2020.
“Hay pérdidas irreparables en mi vida en estos 18 años de persecución que ha vivido mi familia. Nada va a hacer que me devuelvan a mi papá y ahora mi hermano sigue preso en El Rodeo 1, que es un centro de tortura ejemplarizante. Está en una celda de 2 por 2 metros, en una cama de cemento con una letrina”, cuenta Andreina Baduel, periodista y parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe). Josnar Baduel fue condenado hace dos años a 30 años de prisión por la Operación Gedeón con delitos como rebelión. Lo hicieron sin pruebas y sin que el acta de su detención fuera consignada en el expediente, asegura su hermana. “Josnar fue torturado cuando estuvo en El Helicoide. Necesita cuatro operaciones para atender las secuelas. Tiene roto los ligamentos de un hombro y de las rodillas, distintos tipos de hernias, una afección pulmonar y una lesión en los testículos donde le colocaron electricidad”.
Con Josnar hay sentenciados otros 32 militares y civiles, hombres y mujeres. Sus familias denunciaron hace días que desde hace más de seis meses no tenían contactos con ellos, porque habían sido movidos de cárcel sin informar. Pero por este caso, a finales de enero, excarcelaron a Carla Da Silva que estaba presa en El Rodeo 1 y se mantiene con medidas cautelares.
“Los militares y sus familias son los grandes excluidos y eso es una gran discriminación inconstitucional sobre todo cuando se está hablando de convivencia nacional”, denuncia Romero. Se cuentan 185 militares presos, pero en gran parte de estas causas también se ha detenido arbitrariamente a familiares y allegados como medida de presión que elevan la cuenta a cerca de 400 personas que de entrada están excluidos por la ley. Una de ellas es Maikelys Borges, pareja del exteniente exiliado Cristian Hernández, cuyas dos hermanas y un tío también fueron apresados. A Borges la detuvieron en 2025 cuando tenía dos meses de embarazo para que este se entregara. Parió en la cárcel y esta semana ha recibido una medida de arresto domiciliario junto con su bebé de seis meses.
También están quienes han cumplido condena y siguen presos como el hijo de Bianca Lozano, un capitán de la Aviación y especialista en Sukhoi retirado. A Ronald Marrero Lozano lo detuvieron en 2021 cuando regresaba de Colombia, donde había ido a visitar a la familia de su esposa. “Lo acusaron de estar pasando información sensible a un gobierno extranjero. Él se había salido de la Fuerza Armada porque el sueldo no le alcanzaba para vivir y sostener a su familia y a mí”. Otro caso es el de teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, detenido sin orden de aprehensión en 2018 en su lugar de trabajo y condenado a 7 años y 6 meses por el delito de instigación a la rebelión. Durante su detención le abrieron una nueva causa y a pesar de que la CIDH ha dictado medidas de protección no han sido acatadas.
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