Caracas.- Organizaciones de pensionados y jubilados venezolanos elevaron una denuncia formal ante las principales instancias internacionales para alertar sobre lo que califican como un “exterminio silencioso” que afecta a más de cinco millones de adultos mayores en el país ante el bajo monto del salario mínimo y las pensiones, que se mantienen desde 2022 en 130 bolívares (0,20 dólares, según la tasa oficial).
El documento fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (ACNUDH), la Corte Penal Internacional (CPI) y la Embajada de Estados Unidos en Venezuela por el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, junto a la Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos en Valencia, España (Pejuveval).
“El silencio institucional frente a esta tragedia equivale a complicidad. Lo que ocurre en Venezuela con los adultos mayores no es pobreza: es una forma de violencia estructural y un exterminio silencioso”, señalaron las organizaciones en el documento presentado. Los denunciantes sostienen que esta situación es el resultado de una política deliberada del Estado venezolano que ha vulnerado el derecho a una vida digna para quienes dedicaron su vida al trabajo.
De acuerdo con el informe, desde el año 2013 el Estado ha aplicado una estrategia de reducción progresiva de los ingresos de los adultos mayores, llegando a una congelación absoluta de las pensiones. Recuerdan que desde marzo de 2022 la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), al igual que el salario mínimo, se mantiene en 130 bolívares mensuales, sin que existan mecanismos de indexación o ajustes que consideren el costo de la vida.
Sostienen que esta realidad económica viola de forma directa el artículo 91 de la Constitución, el cual establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas. Los pensionados denuncian que se les ha imposibilitado el acceso regular a alimentos, medicamentos y atención médica, lo que ha derivado en casos documentados de desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento, abandono y muertes que podrían haberse evitado.
El vocero Edgar Silva resaltó la situación crítica de los venezolanos en el exterior, a quienes se les suspendió el pago de sus pensiones desde enero de 2016 por una decisión del Ejecutivo. Muchos de estos ciudadanos en el extranjero dependen exclusivamente de la ayuda de familiares, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas como Cáritas y programas de ayuda humanitaria para sobrevivir, tras nueve años sin percibir sus ingresos por jubilación.
El sustento de la denuncia internacional se apoya en que estas omisiones encuadran en el crimen de exterminio, según lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Los representantes de los adultos mayores argumentan que el Estado impone intencionalmente condiciones de vida destinadas a causar la destrucción parcial de los pensionados, al ignorar sus obligaciones en materia de seguridad social, salud y alimentación.
Los afectados recordaron que este no es el primer intento por obtener justicia. El informe integra antecedentes que han sido ignorados sistemáticamente por las autoridades venezolanas, incluyendo comunicaciones al Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, denuncias presenciales ante la CIDH en 2018 y documentos entregados en dos ocasiones ante la sede del PNUD en Caracas, los cuales no han recibido respuesta oficial hasta la fecha.
Ante lo que califican de “silencio cruel” de los organismos internos, las organizaciones exigen a la comunidad internacional un pronunciamiento público urgente que condene la “pulverización” de las pensiones. Entre sus peticiones destaca la exigencia al Estado venezolano para que indexe de inmediato los pagos al costo real de la canasta básica y la apertura de mecanismos de verificación que incluyan la recolección de testimonios directos de las víctimas.
Finalmente, los pensionados además solicitan medidas de protección internacional para los denunciantes ante el riesgo de posibles represalias por visibilizar la situación humanitaria de los adultos mayores en Venezuela.
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