En el Día Internacional de la Mujer, la realidad venezolana muestra una herida que todavía se niega a cerrar: aunque desde diciembre de 2025 y de acuerdo a los registros de nuestra organización, se ha verificado el retorno de 93 mujeres a sus hogares, otras 103 permanecen tras las rejas por motivos políticos. A pesar de la existencia de un decreto de amnistía, la libertad se ha vuelto un alivio a cuentagotas que se detiene ante el umbral de sus celdas. No son estadísticas; son historias interrumpidas, manos que faltan en la mesa cotidiana y voces que el eco del encierro mantiene lejos de los cuentos antes de dormir. Esta amnistía incompleta es una promesa a medias, una ley que no alcanza a rescatar a quienes más la necesitan y una deuda humanitaria inaplazable que cuestiona la verdadera voluntad de justicia e igualdad.
Por JEP
La ausencia de una mujer en el hogar no es un hecho aislado: es un quiebre que reverbera. Muchas de estas mujeres son madres, hijas, esposas y, con frecuencia, el sostén económico de sus hogares. Cuando una madre es encarcelada, se deshilacha la rutina cotidiana: hay tareas sin quien las supervise, comidas que se improvisan, noches en las que los niños esperan una llamada que no llega. Si consideramos el impacto en hijos y parientes cercanos, al menos 400 personas sienten hoy el efecto directo de esa separación; son camas vacías, mochilas sin revisar, silencios que pesan más que cualquier sentencia.
Las prisiones no son espacios neutros para el cuerpo femenino. Allí se agravan necesidades que en libertad ya son urgentes: falta de atención médica especializada, condiciones de higiene insuficientes para la salud menstrual, ausencia de cuidados adecuados para embarazadas y madres lactantes. Esa carencia no es solo negligencia administrativa; es una violencia añadida que despoja de dignidad y salud. El maltrato institucional y la estigmatización social que muchas enfrentan al ser señaladas desde el poder prolongan el castigo más allá de los barrotes y dificultan cualquier posibilidad de reinserción.
Detrás de cada celda hay una historia que reclama humanidad. Hay madres que sueñan con volver a mecer a sus hijos; hijas que esperan una llamada que devuelva la calma; familias que necesitan no solo la libertad física, sino la reparación emocional y económica que permita recomponer lo que la persecución deshizo. Liberarlas no sería únicamente un acto jurídico: sería devolverles la posibilidad de ser cuidadoras, trabajadoras, ciudadanas plenas; sería devolverle al país una parte de su tejido social que hoy está rasgado.
La selectividad en la aplicación de la ley erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la polarización. Mantener una amnistía a medias envía un mensaje de impunidad selectiva que desalienta la participación ciudadana y siembra miedo entre quienes piensan distinto. La criminalización sostenida de mujeres activas políticamente tiene un efecto disuasorio sobre las nuevas generaciones: jóvenes que observan cómo la disidencia se castiga y aprenden, por miedo, a callar. La verdadera reconstrucción social exige valentía política: aplicar la ley sin excepciones, reparar los daños y abrir caminos reales de reinserción.
La reparación no puede limitarse a la apertura de las puertas de una prisión; debe incluir medidas concretas para sanar las heridas. Es imprescindible garantizar atención médica integral, programas de apoyo psicosocial para las mujeres y sus familias, asistencia económica temporal para hogares que perdieron su sostén y políticas públicas que faciliten la reinserción laboral. También hacen falta mecanismos de supervisión independientes que verifiquen el cumplimiento de la amnistía y las condiciones carcelarias, y campañas públicas que desmonten la estigmatización y recuperen la dignidad de quienes fueron señaladas.
La Dimensión simbólica de liberar a presas políticas
Hay una dimensión simbólica que no debe subestimarse: liberar a estas mujeres es enviar un mensaje de esperanza. Es decir que la ley puede ser instrumento de justicia y no de venganza; que la política puede abrirse a la reconciliación y no solo a la exclusión. Es reconocer que la democracia se fortalece cuando protege a los más vulnerables y cuando la justicia no se aplica por conveniencia sino por principios. Es, en definitiva, devolverle al país la posibilidad de recomponer su tejido humano.
No podemos olvidar que detrás de los números hay rostros que reclaman memoria y reparación. No son estadísticas: son madres que mecen sueños, hijas que esperan abrazos, familias que reconstruyen su día a día con la ausencia como compañía. La amnistía completa no es un gesto simbólico vacío; es una decisión política con efectos multiplicadores: alivia redes familiares, restaura derechos individuales y contribuye a la sanación colectiva.
Que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer no sea solo flores y discursos, sino un llamado a la acción concreta. Que la ley deje de ser una promesa incompleta y se convierta en un puente hacia la justicia plena. Que la libertad de estas mujeres sea entendida como una urgencia humanitaria y como un paso necesario para la reconstrucción social que Venezuela necesita.
Mujeres que resisten
En el Día Internacional de la Mujer, la figura de Emirlendris Carolina Benítez se alza como el testimonio más doloroso de una amnistía que sigue aún siendo una promesa para muchos. Sin una sola prueba en su contra, su existencia sigue encadenada a los efectos de una persecución política implacable en Venezuela. Los atroces niveles de tortura infligidos durante su detención arbitraria no solo marchitaron la posibilidad de un embarazo avanzado, sino que marcaron su cuerpo y su historia con secuelas permanentes, confinando sus días a una silla de ruedas. Esa violencia no se limita a un episodio; es una huella que atraviesa su vida cotidiana, condiciona su salud y limita sus oportunidades de recuperación. Hablar de Emirlendris es evocar la inocencia absoluta, condenada a una pena máxima que parece eterna por crímenes que jamás cometió. Su ser fue convertido en un campo de batalla para el castigo ideológico, y su dignidad, intacta en el espíritu, clama por un horizonte de reparación que trascienda la mera formalidad de la libertad.
El costo humano de esta injusticia se ramifica con crueldad hacia su hijo, quien ha visto transcurrir su infancia en el eco de una ausencia forzada. Ha crecido sin el refugio constante de los abrazos maternos, sin la brújula diaria de su guía, sin la melodía de la voz que ahuyenta los miedos y celebra los logros. Este vacío impuesto no solo empobrece sus primeros años, sino que desgarra la trama afectiva de una familia entera y multiplica la deuda ética del Estado. Recuperar a Emirlendris para su hijo y para la comunidad no es solo un acto de justicia individual; es una medida urgente de sanación colectiva que exige verdad nítida, atención médica integral y garantías inquebrantables para que ninguna otra mujer inocente vuelva a pagar con su cuerpo presuntos cargos de peligrosa disidencia.
Con apenas dieciséis años, Samantha Sofía Hernández Castillo ha visto cómo sus sueños de adolescente quedaron sepultados bajo el peso del asfalto carcelario. Su detención violenta y arbitraria, ocurrida el 19 de noviembre de 2025 en Caracas, fue un zarpazo a la intimidad del hogar de sus abuelos en El Valle. Sin mediar orden de aprehensión ni mandato de allanamiento, funcionarios de la DGCIM irrumpieron en el refugio familiar, transformando un espacio de crianza en la escena de un secuestro institucionalizado. La posterior presentación de esta adolescente ante el Tribunal 16 contra el Terrorismo es la culminación de un absurdo jurídico: es el Estado judicializando la infancia, grabando el estigma del «terrorismo» en el alma de una menor cuyo mayor crimen parece ser el lazo sanguíneo que la une a la disidencia.
El confinamiento de Samantha es la expresión más cruel del castigo de sangre como política de Estado. Hostigada por su linaje —hermana de un teniente en el exilio y sobrina de un hombre víctima de desaparición forzada—, ella se ha convertido en una rehén del poder, pagando una deuda de lealtad que no le corresponde. Mientras debería estar tejiendo sueños, cultivando saberes y habitando los espacios propios de su edad, Samantha permanece atrapada en un vacío carcelario que amenaza con devorar sus años formativos. Devolver a Samantha a los brazos de su madre, Ámbar Castillo, y a su comunidad, no es solo un acto de reparación legal ante un horror procedimental; es un imperativo ético para rescatar un futuro secuestrado y plantar cara a la normalización de un poder que arranca a los hijos para doblegar a los padres.
A sus setenta y un años, Merys Torres de Sequea vio interrumpida su cotidianidad el 20 de septiembre de 2025 en Guatire. Mientras se dirigía junto a su sobrina a adquirir medicamentos para un pariente en cautiverio, fue interceptada por sujetos encapuchados en un operativo que familiares y medios denunciaron como una desaparición forzada. Este acto arbitrario activó alertas inmediatas por parte de organizaciones civiles y políticas, que responsabilizaron al Estado por la integridad de ambas. La gravedad del suceso trascendió las fronteras, llevando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgar, en noviembre de ese año, medidas cautelares solicitando información oficial sobre su situación, lo que inscribe el caso en una innegable dimensión internacional de escrutinio.
Las denuncias familiares han sido enfáticas sobre la urgencia de atención médica para Merys, una necesidad vital que agrava la responsabilidad estatal de garantizar condiciones de reclusión dignas y protección efectiva, particularmente ante una mujer de edad avanzada. El confinamiento de una persona septuagenaria, desprovista de información transparente sobre su estatus y sin acceso a cuidados básicos, trasciende la mera privación de libertad para constituir una afrenta a los derechos humanos. Ningún ciudadano debe ser sometido a tratos crueles o inhumanos como mecanismo de presión por su vinculación con la disidencia; restituir la dignidad de Merys y asegurar su salud es un imperativo ético y legal que no admite dilaciones.
Carla Yancelys Antón Farías permanece privada de libertad desde el 19 de junio de 2019, tras ser detenida junto a otros ocho efectivos militares en la sede de la 32 Brigada de Caribes en Monagas. Su arresto se vinculó al denominado «Caso Gobernadora de Monagas», basado en una minuta de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental (REDI) que aludía a un supuesto plan para detener a autoridades civiles y militares regionales, incluyendo a la entonces mandataria Yelitze Santaella, con el fin de forzar su renuncia. Bajo esta narrativa oficial, la funcionaria fue imputada por delitos de Traición a la patria e instigación a la rebelión y desobediencia, recibiendo una sentencia de siete años y seis meses de prisión.
El caso de Carla Yancelys Antón Farías reúne elementos típicos del uso de la justicia militar como herramienta de control político: arresto sin orden clara, ausencia de pruebas públicas que acrediten la rebelión imputada, procesos con defensa limitada y condiciones de reclusión que vulneran derechos básicos. Con casi siete años de confinamiento, su caso refleja no solo la persecución dentro de las filas de la Fuerza Armada, sino que impone un severo costo humano a su entorno familiar debido a las restricciones de visita y las precarias condiciones de reclusión. Por todo ello, su situación debe elevarse como bandera de denuncia en el marco del Día Internacional de la Mujer: no solo por la afectación individual, sino por el precedente que implica para la protección de derechos de mujeres en las Fuerzas Armadas y para el estado de derecho en general.
En este Día Internacional de la Mujer, la geografía de la dignidad en Venezuela no se dibuja en actos oficiales, sino en los bordes polvorientos de las prisiones. Desde el pasado 8 de enero, cientos de madres, esposas e hijas han convertido las puertas de los penales en el último bastión de resistencia ética frente a la arbitrariedad. Su presencia no es un acto pasivo de espera, sino una demostración de coraje y determinación que desafía el desgaste del tiempo y la opacidad de un sistema que pretende invisibilizarlas. Estas mujeres han transformado su angustia en una vigilia permanente, alzándose como el motor moral de una sociedad que se niega a normalizar la persecución política, demostrando que ninguna estructura es más sólida que la voluntad inquebrantable de restituir la libertad a un ser querido.
Sin embargo, este heroísmo cotidiano se despliega bajo una intemperie cruel y deliberada que constituye una extensión del castigo. Mientras el mundo conmemora los avances femeninos, estas venezolanas subsisten en condiciones de extrema precariedad a las afueras de los centros de reclusión: durmiendo sobre el pavimento, careciendo de servicios básicos y gestionando la escasez absoluta de alimentos en medio de una crisis que las golpea doblemente. La carencia de recursos para traslados o refugio digno las obliga a habitar la marginalidad de la espera, donde rezan, claman y sostienen su fe a pesar del agotamiento físico. Su exigencia en esta fecha no admite consignas vacías ni flores; reclama el cese de una política que secuestra su paz familiar y la excarcelación inmediata de quienes, tras las rejas, son el motivo de su incansable e injusto peregrinaje.