Tras casi un año de encierro, torturas y tratos degradantes en manos de la DGCIM, en el denominado “Caso Cadetes”, Diego José Mejías González fue excarcelado bajo amenazas y obligado a guardar silencio. Su hijo, Diego Mejías Sierra, permanece recluido en la cárcel Rodeo I, tras ser excluido del proceso de amnistía otorgado al resto de los implicados en la causa. Relata a Infobae la aterradora experiencia que vivió tras los muros del penal y la lucha por la libertad de su hijo. El Rodeo I está desde anoche en una situación de alta tensión, por la protesta de reclusos extranjeros.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
La madrugada del 3 de enero 2026, los reclusos del Rodeo I escucharon, durante dos horas, explosiones a lo lejos. Después llegó un silencio tenso, interrumpido por conversaciones nerviosas entre los custodios. El penal entró en alerta máxima; se reforzó la seguridad con tropas adicionales, se instalaron armas calibre .50 en los techos y la bandera fue izada a media asta.
Las visitas y el servicio médico fueron suspendidos; se restringió la comida, se silenciaron los altavoces y comenzaron amenazas directas contra los internos. Funcionarios advertían que los usarían como rehenes políticos y ejecutados si “los gringos” intervenían.
Las visitas se reactivaron el sábado 9 de enero. Los familiares, sin miedo, les informaron lo ocurrido en la Operación Resolución Absoluta y la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de territorio venezolano.
“Exigimos la libertad inmediata y protestamos. El 15 de enero nos amenazaron por lo que las protestas cesaron, pero siguió un periodo de profunda ansiedad y desesperación”, narra Diego González Mejías.
El 27 de enero, un custodio irrumpió con premura en la celda para colocarle las esposas y le cubrió el rostro con una capucha. Un jefe de régimen pronunció su nombre en voz alta y anunció su libertad. “Abracé a mi hijo como nunca. Lloramos inconsolablemente. Nos despedimos. Fue desgarrador dejarlo allí”, recuerda.
Los excarcelados de ese día fueron conducidos a un área donde les ordenaron desnudarse y elegir, entre montones de ropa acumulada, algunas prendas para vestirse. Les raparon el cabello y los trasladaron a un estacionamiento para fotografiarlos. Antes de la salida, el director del penal, conocido como Paterel, se despidió y los entregó a funcionarios de la DGCIM, quienes los trasladaron a la sede de Boleíta, en Caracas.
El grupo estaba integrado por 22 personas: 17 venezolanos, dos peruanos y tres hondureños. En la DGCIM, fueron sometidos a nuevos procedimientos de identificación. “Nos entrevistaron, nos volvieron a desnudar y nos tomaron fotos”, explica. Les entregaron la boleta de excarcelación y el documento del régimen de presentación cada 15 días ante tribunales de terrorismo en Caracas.
Fueron obligados a firmar un documento que debían leer en voz alta mientras eran grabados en video, declarando que no habían sido maltratados ni actuarían contra el Gobierno ni contra los funcionarios de seguridad, que no ofrecerían entrevistas ni declaraciones públicas y que no podían salir del país.
A las seis de la tarde fueron liberados, sin documentos personales, dinero ni teléfonos móviles. “Salimos con miedo, caminando rápido. Cuando logramos salir del perímetro, unas personas que la divinidad puso en nuestro camino nos prestaron sus teléfonos. Lloraron con nosotros”, recuerda.
El 23 de febrero, mientras los cadetes detenidos recuperaban su libertad, el joven Diego José quedó recluido en el Rodeo I. Fue entonces cuando su padre inició una campaña pública para exigir su liberación. Su madre, Mireya Sierra, al igual que otros familiares de presos políticos, se apostó frente a la cárcel en señal de protesta. “A mi hijo y a mí nos negaron la Amnistía”, denuncia Mejías González.
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