La ONG venezolana Cofavic advirtió este miércoles que la «discrecionalidad» con la que, asegura, se aplica la amnistía promulgada en febrero en el país «profundiza el dolor de las víctimas y sus familias».
«La desinformación y la discrecionalidad con que está siendo aplicada la Ley de Amnistía profundiza el dolor de las víctimas y sus familias y también aumenta el riesgo de daños irreversibles a la salud de quienes permanecen privadas de libertad», afirmó en la red social X la organización no gubernamental.
Cofavic (Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 conocidos como el Caracazo), señaló que la «aplicación discrecional de la Ley de Amnistía y la negación de esta a personas que han sido detenidas arbitrariamente configuran nuevas violaciones de los derechos humanos».
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La liberación plena de los detenidos «arbitrariamente por razones políticas es una demanda legítima y de carácter urgente», indicó.
La ONG agregó que la amnistía «no puede ser parcial» y que mientras haya «personas detenidas arbitrariamente, sigue siendo incompleta».
La organización publicó este pronunciamiento un día después de que Delcy Rodríguez destacara la amnistía venezolana sobre la aplicada en Sudáfrica tras el fin del apartheid en 1994 y sobre la española aprobada en 2024.
Según Rodríguez, mientras la amnistía sudafricana benefició a «apenas el 12 %» de quienes la solicitaron y la de España «todavía no ha culminado», la de Venezuela ha otorgado la libertad plena a «más de 8.000» personas desde su promulgación, el pasado 19 de febrero.
Delcy pidió el pasado martes 7 de abril hacer un seguimiento «prudente» de la amnistía y aprovechar la oportunidad para sanar al país del «extremismo y radicalismo».
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A su juicio, las personas que fueron amnistiadas «están planificando el conflicto», sin dar detalles ni mencionar a alguien en concreto.
La amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado esta semana que la Justicia negó la amnistía al periodista Rory Branker, al estudiante de Comunicación Social Jonathan Carrillo y a una adolescente de 16 años, casos que se suman a otros como de sindicalistas y opositores.
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Desde enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por EEUU, Venezuela vive lo que la propia Delcy Rodríguez ha calificado como un «nuevo momento político», marcado por una apertura petrolera, excarcelaciones de presos políticos, la amnistía y la reanudación de relaciones con Washington.
EFE