El final de la Ley de Amnistía en Venezuela, anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la semana pasada, ha dejado en el país un balance marcado por el alivio parcial, la polémica y la sensación de insuficiencia.
Por Alonso Moleiro / elpais.com
De las más de 12.000 solicitudes recibidas en dos meses, 8.616 personas se han beneficiado de la amnistía, según el chavismo, una cifra difícil de verificar. La inmensa mayoría eran personas que estaban en libertad, pero sometidas a medidas cautelares restrictivas. Solo 314 personas salieron efectivamente de la cárcel, según el oficialismo. Organizaciones independientes reducen esa cifra a 110. Ahora, con la medida de gracia sin efecto, todavía quedan en prisión 473 presos políticos —43 de ellos extranjeros o con doble nacionalidad—, según la ONG Foro Penal. La asociación civil Justicia, Encuentro y Perdón eleva la cifra a 676 presos, entre ellos 187 militares y 34 extranjeros.
Hay, además, centenas de personas que tienen que seguir presentándose ante los tribunales o con medidas cautelares que les impiden acceder a empleos o recuperar sus casas.
Tras dos meses de aplicación, se han quedado sin el beneficio de la amnistía los presos vinculados a rebeliones militares y a acusaciones de conspiración ocurridas en los últimos años. Entre los casos más conocidos figuran los implicados en la Operación Libertad —el levantamiento del 30 de abril de 2019 convocado por Juan Guaidó y Leopoldo López desde la base aérea de La Carlota, que terminó sin el apoyo militar esperado— y en la Operación Gedeón —la fallida incursión marítima de mayo de 2020 desde Colombia que tenía como objetivo la captura de Maduro—. Tampoco han entrado los acusados de operar los drones que atentaron contra Maduro durante un acto militar en agosto de 2018, ni los policías presos por el fallido golpe del 11 de abril de 2002 contra Hugo Chávez.
La mayoría de estos complots se gestaron a partir de 2018, cuando el régimen chavista empezó a sostenerse, según la oposición, con artimañas en las urnas.
Existen también muchos presos civiles, en su gran mayoría desconocidos, involucrados en acusaciones de conspiración, asociación para delinquir o violencia poselectoral. Y también todos aquellos acusados de haber promovido una intervención en el país, una excepción que pareció diseñada para la opositora María Corina Machado y su entorno.
“Seguimos en esta tortura, yo y toda mi familia. Por ahora no podemos hacer nada, nos recomiendan esperar”, afirma Carla, cuyo esposo, gerente de una compañía petrolera, fue acusado de conspiración y terrorismo y no obtuvo ningún beneficio procesal. “El paso del tiempo ayuda. Ha ocurrido con otras causas judiciales en estos años.” Residente en el oriente del país, Carla ha tenido que mudarse a Caracas con su familia y no ha podido regresar a su casa.
El proceso que dio lugar a la ley de amnistía generó una enorme expectativa y abrió un espacio de optimismo en la sociedad venezolana. Desde el pasado 3 de enero, el régimen chavista ha hecho concesiones importantes —condicionado por la intervención de Estados Unidos— a la oposición política y a la sociedad democrática, pero también se ha esmerado en marcar límites muy claros a la apertura. El anuncio de Delcy Rodríguez sobre el fin de la amnistía ha producido tristeza y enojo, aunque ninguna sorpresa.
“La falla de origen de esta ley consiste en excluir el delito de rebelión, que es precisamente, en los procesos de amnistía, el más importante a considerar”, afirma Marino Alvarado, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). El fin de la amnistía no significa necesariamente que no pueda haber más liberaciones, asegura Alvarado. “Delcy Rodríguez podría apoyarse en la figura del indulto presidencial, que en el caso venezolano se puede conceder en cualquier etapa del proceso judicial”.
El hijo de Aurora —que pide que no se publique su verdadero nombre— sigue preso y no se ha beneficiado de la ley. Acusado de participar en la Operación Gedeón, en 2020, es un militar que purga una condena de 24 años por rebelión en la cárcel de El Rodeo, en muy duras condiciones. “Seguiremos luchando. Sabíamos que esto podía pasar. Ha sido muy duro, pero no vamos a rendirnos”, afirma su madre. “Hace un tiempo estábamos luchando para que nos dieran una fe de vida. Al menos nos oyeron. Aquí vamos a seguir, hasta que se haga justicia”.
Martha Tineo, de Justicia, de la organización Encuentro y Perdón, mantiene que el texto de la ley de amnistía era “bastante excluyente” y “quedaron por fuera un número muy alto” de casos. “Para el régimen siempre será funcional tener un número de rehenes: les permite oxigenarse en los momentos de máxima presión externa, como los de estos años. Los criterios de la amnistía fueron bastante arbitrarios”, mantiene. Tineo insiste en que la cifra real de presos políticos en el país es mayor de la que se piensa: “Nosotros tenemos al menos 672 documentados. Mantenemos desde hace tiempo una cifra discrepante con el Foro Penal, unos 200 casos más. Se debe al subregistro de personas que no denunciaban por temor y que han sacado la cabeza del 3 de enero en adelante”.
El periodista Carlos Julio Rojas, de la Red de Expresos Políticos —a quien se le ha negado la libertad plena—, ha denunciado “una selectividad perversa” en la aplicación de la ley. “Oleadas de negaciones en tribunales, casos engavetados por semanas y, además, nuevas detenciones de líderes sindicales”, denuncia. Tampoco recibieron el beneficio de la libertad plena Javier Tarazona, de la ONG FundaRedes; Carlos Correa, de la organización por la libertad de expresión Espacio Público; ni los periodistas Johnattan Carrillo, Luis López y Rory Branker, entre otras personalidades del mundo civil.
En líneas generales, el debate público ha regresado al país y la censura cede terreno. Se hacen señalamientos al gobierno chavista. Se especula sobre fechas electorales y se habla abiertamente de transición. Los políticos opositores comienzan a organizar giras de trabajo. El panorama, sin embargo, no es uniforme: el gobierno sigue multando a los medios de comunicación, sigue colocando límites a la crítica y sigue reprimiendo a quienes protestan. Andrés Velásquez, conocido dirigente opositor, denunció haber visto de nuevo a la Policía Nacional Bolivariana merodeando su residencia, en Puerto Ordaz.
Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, advierte de que el fin de esta ley “es el reconocimiento de su fracaso”. Estas decisiones —mantiene— sin elecciones a la vista y sin soluciones a los problemas de fondo del país, “dejan la escena servida para un nuevo proceso de represión selectiva”.
La apertura política en marcha en Venezuela, incluida la propia ley de amnistía, surgió como consecuencia de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La ejecución de esa estrategia de flexibilidad ha quedado en manos de un sector concreto del PSUV, el partido de gobierno. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Arreaza o el exministro Ernesto Villegas, entre otros—, son los encargados de fomentar espacios de convergencia, buscar figuras neutrales e incluso pedir perdón. Es ese mismo grupo el que ha organizado la iniciativa de Diálogo por la Paz y la Convivencia Democrática, en marcha con sectores de la oposición tolerada, y al que, según anunció Rodríguez, le corresponderá en lo sucesivo procesar las solicitudes pendientes de los prisioneros que aún quedan.
Pero los estilos y los límites de la paciencia son muy distintos en otros sectores del partido. La ortodoxia de la organización —dirigentes como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, el exdiputado Pedro Carreño o la parlamentaria Iris Varela— se opone rotundamente a una apertura total. Argumentan que la ley estaría premiando a personas que han cometido delitos, y reiteran que no habrá impunidad. En esos políticos está asentada la convicción de que con la oposición ya se tuvo suficiente. No hay interés en pedir perdón.
“La Ley de Amnistía no pierde vigencia; las solicitudes se seguirán recibiendo”, afirma Jorge Arreaza, parlamentario del PSUV involucrado en su diseño, en un intento por aclarar el confuso panorama tras el anuncio de Rodríguez. “La ley ha beneficiado prácticamente a todo el universo que ha podido. Para los casos pendientes, la presidenta abre mecanismos alternos —la Comisión del Diálogo por la Convivencia y la Paz— para revisarlos por otras vías”.
Entre la promesa formal de seguir recibiendo solicitudes y la realidad de centenares de presos que continúan tras las rejas, el final de la amnistía deja en Venezuela más incógnitas que certezas. La ley se cierra, pero la cuenta pendiente —con los presos políticos y con las familias que llevan años esperándolos— sigue abierta. La pregunta que recorre el país ya no es cuántos han salido, sino cuántos quedan dentro, y si algún día podrán volver.
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