La organización no gubernamental, Transparencia Venezuela, publicó la tarde de este jueves 26 de febrero un comunicado en su cuenta oficial en X, en el que advierte que la renovación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo debe implicar una “ruptura con la impunidad” y una evaluación de responsabilidades institucionales por presuntas violaciones de derechos humanos.
Por: lapatilla.com
La ONG señaló que la renuncia del fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, y del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. abre una “coyuntura institucional determinante” para el sistema de justicia venezolano, que no puede limitarse a un simple relevo de autoridades.
En el comunicado, la organización recordó que durante la gestión de Saab al frente del Ministerio Público y de Ruiz en la Defensoría, el país fue escenario de denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y persecución por motivos políticos.
Estos patrones, precisó, han sido documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Según Transparencia Venezuela, el Ministerio Público tenía la obligación jurídica de actuar con “debida diligencia reforzada” frente a estas denuncias.
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La ausencia de investigaciones estructurales eficaces, agregó, puede configurar responsabilidad por omisión cuando la autoridad competente, teniendo conocimiento de hechos graves y capacidad para actuar, no adopta medidas adecuadas para prevenir, investigar o sancionar.
La ONG también alertó que la designación de Juan Carlos Devoe como fiscal “encargado” y de Saab como defensor “encargado” vulneraría las normativas de ambos organismos.
En el caso del Ministerio Público, recordó que el artículo 24 de la Ley Orgánica establece que las faltas absolutas del fiscal general —como la renuncia— deben ser suplidas por el vicefiscal o la vicefiscal.
De igual forma, indicó que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo prevé que la falta absoluta del titular sea suplida por el director o directora ejecutiva de la institución.
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Ante este nuevo escenario, Transparencia Venezuela subrayó que la renovación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo no puede reducirse a un cambio de nombres, sino que debe representar una transformación real en la respuesta del Estado frente a violaciones de derechos humanos.
“La legitimidad de las nuevas autoridades dependerá de su disposición efectiva a investigar sin privilegios ni excepciones, a proteger a las víctimas sin discriminación y a garantizar que la ley se aplique incluso frente a quienes detentan poder”, indicó el comunicado.
Finalmente, Transparencia Venezuela afirmó que este momento representa una oportunidad histórica: “O se inaugura una etapa de independencia real y justicia efectiva o se consolida la continuidad de un modelo que debilitó la protección de los derechos fundamentales”.
“La justicia no es una opción política ni una concesión. Es una obligación constitucional y una condición indispensable para allanar el camino a la transición democrática”, concluyó el texto, que cuenta con la adhesión de diversas organizaciones de la sociedad civil.
