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miércoles, abril 15, 2026
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¿Por qué no hay dinero para aumentar las pensiones en Venezuela?

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Caracas.- La administración de Venezuela admitió que el actual sistema de pensiones no es sostenible bajo su estructura presente. En su mensaje al país del pasado 8 de abril, Delcy Rodríguez reveló que el modelo de reparto está “perforado” y que hoy el Estado debe asumir el 91 % del financiamiento de estos pagos, mientras el sector privado aporta el 9 % restante. Según las cifras oficiales, para que el sistema funcionara bajo la ley vigente, el país requeriría 38 millones de trabajadores activos que coticen, una cifra que supera la población total de la nación.

“Dio un dato que es revelador de lo que fue la actuación demagógica de Chávez. Ella dijo: ‘Los pensionados superan a los cotizantes del seguro social’“, señaló el economista Oscar Meza al analizar para El Pitazo el mensaje a la nación. Para el experto, quien es director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas –FVM), este desbalance es la prueba de que el sistema de protección social se rompió tras la incorporación de millones de personas a través de programas como la Gran Misión Amor Mayor, quienes recibieron el beneficio sin realizar cotizaciones previas al Seguro Social.

El economista Douglas Ramírez, profesor de la Universidad de Los Andes (ULA), considera que la crisis de los fondos de pensiones no es un fenómeno reciente, sino el resultado de decisiones financieras de las últimas dos décadas. En conversación con El Pitazo, el experto explica que el sistema colapsó porque el Gobierno convirtió los ahorros de los trabajadores en su “caja chica”.

“Por un lado, no hubo gestión de los fondos para colocarlos en instrumentos financieros sólidos. Luego (Hugo) Chávez hizo dos cosas que terminaron con la destrucción del respaldo”, además de la incorporación de personas que nunca cotizaron, apuntó Ramírez, quien explicó que, en el año 1999, la administración de Hugo Chávez transfirió los recursos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM).

Una vez en el FIEM, estos recursos se transformaron en gasto corriente. Destaca que, entre los años 2005 y 2012, cuando el precio del petróleo alcanzó niveles históricos, el Estado tuvo la oportunidad de restituir esos ahorros. No obstante, el Ejecutivo destinó el dinero a “misiones sociales clientelares, sobrecostos en obras públicas y gastos corrientes”, en lugar de capitalizar el sistema de pensiones. Por esta razón, señala, las cotizaciones actuales no nutren un fondo de reserva, sino que se gastan de inmediato en el día a día estatal.

 La migración y la precarización laboral

Ramírez destaca que el modelo de pensiones en Venezuela es de “reparto”, lo que significa que el pago de los jubilados depende directamente de los aportes de los empleados activos. En ese sentido, detalla que este esquema requiere que haya más personas en el mercado laboral que beneficiarios del sistema. Sin embargo, la salida de 9 millones de venezolanos del país afectó esta relación de forma crítica: al menos 4,5 millones de esos migrantes deberían cotizar en Venezuela y no en los países donde residen ahora.

A este vacío demográfico se suma la precarización del trabajo formal dentro del país. El economista Oscar Meza advierte que el régimen laboral actual no incentiva la cotización en el Seguro Social. “El mismo sistema laboral actual no está orientado a que la gente cotice”, asegura el experto. En Venezuela, buena parte de la población recibe pagos en forma de bonos que no forman parte del salario, o trabajan bajo la modalidad de honorarios profesionales, que evitan las cargas sociales y la nómina formal.

Un cambio necesario

La solución a la falta de dinero para las pensiones no es sencilla y requiere, según los expertos, una transformación total del modelo económico. El economista Oscar Meza propone que el Estado debe abandonar el enfoque de “decretar” salarios y centrarse en crear las condiciones macroeconómicas para que la productividad permita cubrir las necesidades básicas. Afirma que el artículo 91 de la Constitución, redactado bajo la “efervescencia de la constituyente”, es hoy una norma de difícil cumplimiento porque el país perdió tres cuartas partes de su producción de riqueza.

Asimismo, el economista Douglas Ramírez sostiene que Venezuela debió migrar a un sistema de capitalización individual desde la década de los 70, pero que decisiones fundamentadas en la política y no en la economía impidieron este cambio.

Por su parte, la administración de Rodríguez convocó a una comisión para el diálogo laboral y la seguridad social con el fin de buscar un “consenso” sobre el modelo necesario para el futuro. Mientras tanto, la realidad de los pensionados venezolanos sigue atada a un Estado que reconoce sus errores del pasado, pero que aún no cuenta con los recursos suficientes para enmendarlos.

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