La oscuridad de la celda en la prisión de El Rodeo no era lo que más aterraba a Moisés David Guerra Araujo. A sus quince años, lo que le helaba la sangre era el silencio que seguía a los gritos. Lo habían llevado hasta allí encapuchado, tras separarlo de su abuela. Lo despojaron de su ropa y lo pusieron en un patio bajo el sol inclemente, rodeado por treinta funcionarios con los rostros cubiertos. Formaban una rueda a su alrededor. Le hacían preguntas que él no sabía responder. Cuando uno de ellos vio el tatuaje de una corona en su piel, le cruzó la espalda de una patada, acusándolo de pertenecer al Tren de Aragua, la megabanda criminal más temida del país.
Por Jorge Benezra | ABC.es
Pero el verdadero terror llegó después, cuando un hombre joven se le acercó con una pregunta absurda: «¿Tú juegas Free Fire?». Moisés, desconcertado, asintió. Le dijo que estaba en el nivel 70 del popular videojuego de supervivencia. «Bueno, aquí estamos en el nivel 100», le respondió el funcionario. Acto seguido, lo colgaron como a un animal de matadero, suspendido de una estructura metálica en forma de C. Le amarraron un colchón al cuerpo para amortiguar los seis tubazos que le doblaron las costillas. «Que hablara, si no me iban a matar», recuerda Moisés, sentado hoy en su apartamento. «Yo gritaba, pero nunca les lloré. No les tenía miedo. Lo que quería era saber de mi familia».
Moisés no era un disidente. Era un estudiante de instituto que trabajaba en sus tiempos libres en una zapatería para ayudar en su casa. Su único delito, a los ojos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), era ser el hijo mayor de Aliannis Araujo Lozada, una exdirigente comunitaria a la que el Gobierno acusa de planear un atentado con explosivos en Plaza Venezuela, en el corazón de Caracas. Para encontrarla, el Estado venezolano no desplegó una investigación convencional. Secuestró a su familia entera.
La tragedia de la familia Araujo Lozada no es una anomalía en la Venezuela contemporánea. Es la aplicación quirúrgica de una política de Estado que las organizaciones de derechos humanos han bautizado como el ‘Sippenhaft tropical’, tomando prestado el término germánico que describe el castigo colectivo a una familia por los actos de uno de sus miembros. Cuando el aparato de seguridad no logra capturar a su objetivo principal, toma rehenes. Y en la escalada represiva que siguió a las elecciones de julio de 2024, esos rehenes fueron, cada vez con mayor frecuencia, niños y adolescentes.
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