Cinco muertos, una cantidad desconocida de heridos, traslados inconsultos, suspensión de visitas y paquetería, la nula información a los familiares de los privados de libertad y el total silencio de Julio García Zerpa, Ministro de Servicio Penitenciario, es lo que ha quedado tras cinco días de que se registró el presunto motín en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado Miranda.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hemos venido documentando desde el primer día y, en vista de cómo se fueron desarrollando los hechos, exigimos que el director sea separado de su cargo para ser investigado, y que el centro penitenciario sea intervenido por una comisión integrada por el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Servicio Penitenciario y que se invite a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con sede en Caracas, que permita verificar las condiciones reales de reclusión, garantizar la vida e integridad de los reclusos y asegurar transparencia en la investigación sobre los hechos.
“Al mirar atrás y ver la historia de los hechos violentos dentro de las cárceles en Venezuela, observamos cómo en cada masacre la película es la misma. Se repite la narrativa por parte del Gobierno, responsabilizan a los presos por los hechos, se anuncian investigaciones que nunca se concluyen o no se dan a conocer los resultados”, manifiesta Humberto Prado, director de OVP.
Nos seguimos preguntando ¿De donde salieron las armas?, ¿Quién disparó?, ¿Por qué tanta opacidad ante unos hechos tan graves?, ¿Qué esconden?
Han pasado cinco días y se ha observado como el Ministro Julio García Zerpa sigue sin dar la cara a los familiares, apareció en una reunión con Delcy Rodríguez la noche del 23 de abril y no hubo pronunciamiento alguno de su parte sobre lo ocurrido en Yare III.
“No existe un listado oficial donde informan las identidades de los heridos y donde se encuentran siendo atendidos, tampoco hay un listado de los presos que fueron trasladados y hasta que penales fueron llevados. Esta situación vulnera los derechos de los familiares de los privados de libertad quienes deben estar informados sobre la situación del recluso”, añade Prado.
“Además estos traslados deben ser ordenados por los jueces que llevan las causas y estoy seguro que esto no sucedió, porque esto es un patrón que se repite, cada vez que pasa algo en un penal su solución es los traslados”, expresa el director de OVP.
Mientras los familiares siguen sin conocer las condiciones físicas en las que se encuentran sus seres queridos, sin saber si los trasladaron, solo algunos han recibido llamadas donde les solicitan antibióticos y medicamentos para atender sus heridas, y aún siguen sin restablecer las visitas.
Es por ello que estás madres, esposas e hijas, han decidido alzar sus voces para exigir fe de vida de sus familiares.
“Antes era un centro de tortura, ahora es de criminales pero a través del propio gobierno, antes teníamos miedo de denunciar, pero perdimos el miedo tarde porque ya tenemos muertos, heridos y desaparecidos”, dice Yusmary Montes familiar de uno de los privados de libertad de Yare III.
A la par, los familiares revelan cómo los presos han sido víctimas de torturas que eran recurrentes. María Escobar relató cómo su hijo estuvo por un tiempo sin poder caminar, además tenía una cortada en el rostro y golpes en su cabeza, ella pudo verlo cuando se recuperó, y esta ocasión es una de las tantas madres que no ha recibido una llamada, desconoce el estado de salud de su ser querido.
Como organización hemos documentado casos de privados de libertad que los envían a celdas de castigo, que son golpeados con bates y tablas, han sido colgados de los brazos por días, y además conviven en condiciones inhumanas, donde tienen limitaciones al acceso del agua, la comida y a la atención médica.
“El miedo de los familiares a denunciar y hablar para evitar que fueran golpeados o castigados, demuestra el trato que los funcionarios tenían hacia los internos. Es una situación grave, son víctimas de un sistema penitenciario que no protege, ni garantiza la vida de los internos”, sentenció Prado.
Cronología de los hechos en Yare III
Todo comenzó la madrugada del lunes 20 de abril cuando algunos familiares y vecinos de la zona aseguraron escuchar algunas detonaciones y otros hablaron de un fuerte ruido dentro del penal.
A pesar de ello, entre las 6 y 7 de la mañana, los familiares de los privados de libertad ya comenzaban a hacer la respectiva cola para la visita que correspondía ese día en Yare III. Las horas pasaban y nadie decía nada, lo que comenzó a inquietar a los familiares, al pasar las horas se comenzaron a escuchar gritos de reclusos solicitando traslados y a la par algunas de las presentes recibieron mensajes o llamadas de los presos indicando que algo había ocurrido y que habían muertos y heridos.
Esta información detonó la angustia de los familiares, quienes fueron corriendo la voz entre grupos de WhatsApp y redes sociales. A pesar de que se acercaban a las puertas del penal, nadie les daba información, no fue sino hasta horas del mediodía que les dijeron que la visita estaba suspendida.
Las mujeres que se encontraban en el lugar iniciaron una protesta y algunos funcionarios indicaron que se trataba de un Plan Cayapa, pero las llamadas informando sobre los muertos y heridos comenzaron a aumentar. Además, la entrada y salida de vehículos oficiales, de autobuses daba cuenta que algo irregular estaba pasando.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) comenzamos a documentar y denunciar esta situación, la cual alertamos a través de nuestras redes sociales.
No fue hasta el día siguiente, el martes 21 de abril, que funcionarios del Ministerio de Servicio Penitenciario comenzaron a llamar a algunos familiares para que fueran a reconocer a sus seres queridos y les indicaron que se encargaría de los gastos funerarios.
En horas de la tarde de ese mismo día fue que el Ministerio de Servicio Penitenciario se pronunció, a través de un comunicado, donde expresaba que “se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín”, así mismo señalaba que el establecimiento es de máxima seguridad y que estaba “destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”, posterior a ello informaba el fallecimiento de los cinco detenidos.
Dicho comunicado da una versión que los familiares y los presos políticos que estuvieron detenidos en Yare III desmienten, además no explica de qué forma murieron los internos, pero algunos familiares aseguran que tenían presuntos impactos de bala.
OVP ha podido documentar que dos módulos de Yare III estaban protestando en contra de los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos, por la calidad de los alimentos, la falta de atención médica, además solicitaban traslados para sus penales de orígenes, pues hay muchos presos que son de otros estados. Este estallido de la población reclusa hizo que los funcionarios ingresaran al penal y simplemente dispararan contra la población reclusa.
“Esta es una película que se repite, la narrativa de este gobierno siempre es la misma, hablan de motines, cuando simplemente son ellos quienes han disparado en contra de una población reclusa que reclama sus derechos”, expresa Humberto Prado, director del OVP.
Prado recuerda como en la masacre de Vista Hermosa ocurrida el pasado 10 de noviembre de 2003 en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, fue presentada inicialmente como un enfrentamiento interno, pero según testimonios de los propios reclusos señalaron que funcionarios de la Guardia Nacional ingresaron al penal y dispararon a mansalva contra la población carcelaria, dejando 7 muertos y 15 heridos.
Estos hechos se dieron después que los presos protagonizaron una huelga de hambre donde reclamaban sus derechos.
Por lo tanto desde OVP recordamos que es responsabilidad del Estado garantizar la vida de las personas que se encuentran bajo su custodia.
Simplemente el Gobierno con esta masacre convirtió a Yare III en un centro de exterminio.
¡Habrá Justicia!.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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