El exalcalde venezolano y perseguido político Carlos García permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de que autoridades estadounidenses negaran recientemente solicitudes introducidas por su defensa dentro del proceso migratorio que enfrenta en ese país, entre ellas recursos judiciales vinculados a habeas corpus y medidas de libertad bajo fianza, esta última rechazada el pasado 19 de mayo.
García Odón, exalcalde del municipio Libertador del estado Mérida y dirigente opositor venezolano, enfrenta actualmente una posible deportación mientras continúa detenido en Ohio, luego de haber sido arrestado durante un chequeo migratorio rutinario pese a encontrarse cumpliendo con procesos migratorios en Estados Unidos y mantener arraigo familiar en ese país.
De acuerdo con reportes difundidos por familiares y medios estadounidenses, la defensa del dirigente venezolano ha impulsado distintas acciones legales para solicitar su liberación y continuar el proceso migratorio en libertad; sin embargo, las solicitudes han sido rechazadas en las más recientes decisiones judiciales.
Carlos García Odón salió de Venezuela tras los acontecimientos políticos registrados en 2017, luego de enfrentar procesos judiciales y denuncias de persecución derivadas de su posición política y participación dentro de la oposición venezolana.
Compañeros de su partido Primero Justicia, dirigentes de la unidad democrática venezolana y miembros de la comunidad venezolana manifestaron preocupación por su integridad física y emocional, especialmente tras conocerse reportes relacionados con el deterioro de su estado de salud durante el tiempo que ha permanecido bajo custodia migratoria.
El caso también ha comenzado a generar atención dentro de sectores de la comunidad latina en Estados Unidos debido al impacto humano y familiar que enfrentan numerosos migrantes y solicitantes de protección internacional provenientes de países afectados por crisis políticas y sociales.
Asimismo, dirigentes, allegados y miembros de la comunidad venezolana insistieron en la necesidad de que el caso sea revisado bajo criterios humanitarios, tomando en consideración el contexto venezolano y los antecedentes políticos del exalcalde merideño.
En ese sentido, hicieron un llamado a representantes, organizaciones y actores institucionales que puedan contribuir al seguimiento del caso, con el objetivo de garantizar el debido proceso, la revisión exhaustiva de su situación y el respeto a sus derechos fundamentales.
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