Tras la aprobación en primera discusión de la Ley de Amnistía este jueves 5 de febrero, Venezuela entra en una nueva fase.
Por lapatilla.com
Esta Ley promete ser la llave para el retorno de exiliados, la libertad de cientos de presos políticos y el retorno a sus labores de aquellos que fueron destituidos de la administración pública por opiniones contrarias al régimen.
Sin embargo, la aprobación en primera discusión es solo un peldaño de un proceso al que aún le falta «mucha tela por cortar».
Nuestro equipo consultó con un profesional del derecho, quien detalló que para que los beneficios de la ley se materialicen, la Asamblea Nacional (AN) debe completar el siguiente circuito:
1. Consulta pública: La AN designa una Comisión de consulta para socializar el texto.
2. Segunda discusión: Una vez concluida la consulta, el proyecto vuelve a la plenaria para ser votado artículo por artículo. Es aquí donde se definirán con precisión los tipos penales que califican para el perdón, según señaló el entrevistado.
3. Sanción y gaceta: Tras ser aprobada en segunda discusión, la ley es «sancionada». Delcy Rodríguez deberá firmarla para su publicación en Gaceta Oficial, momento en el cual entra en vigor.
¿Cómo será la restitución de derechos laborales, retorno a Venezuela y la libertad?
El profesional del derecho consultado por nuestro equipo señaló que la aplicación no será automática para todos los casos, sino que se dividirá por grupos:
Presos políticos: Una vez vigente la ley, los tribunales deben declarar la extinción de la acción penal. Aunque desde el 8 de enero se han registrado más de 300 excarcelaciones, la ley permitiría la libertad plena para cientos de ciudadanos que aún permanecen tras las rejas.
Exiliados y perseguidos: El texto contempla el cese inmediato de las órdenes de aprehensión y el levantamiento de los «códigos rojos» de Interpol. Esto permitiría a políticos y activistas regresar al país sin riesgo de ser detenidos.
Administración pública: La ley busca restituir los derechos de los empleados despedidos por razones políticas desde 1999. Esto implicaría procesos administrativos para la reincorporación o compensación de quienes fueron apartados de sus cargos.