Caracas.- Organizaciones de pensionados, jubilados y trabajadores activos se movilizaron este jueves 26 de febrero ante la sede de la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto, estado Lara para consignar un pliego de exigencias laborales.
La convocatoria, impulsada por el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados y el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha (CNCTL) denunció lo que consideran la “destrucción sistemática de la seguridad social integral, pensiones, salarios, prestaciones sociales y beneficios contractuales” en el país.
Esta actividad formó parte de una convocatoria de manifestación nacional en la que pensionados y trabajadores activos protestaron en más de 23 estados del país. Durante la concentración frente a la Inspectoría del Trabajo en Barquisimeto, los voceros subrayaron la precariedad extrema que enfrentan los adultos mayores.
Recordaron que más de «5 millones de adultos mayores sobreviven bajo pensiones congeladas e insuficientes«, una realidad que el Comité de Derechos Humanos para pensionados, jubilados y personas con discapacidad ha definido como un «exterminio silencioso y progresivo, marcado por hambre, falta de medicamentos y muertes evitables».
En el lugar, uno de los manifestantes expresó con preocupación la insuficiencia de los ingresos actuales: «Necesitamos solución porque nos estamos muriendo de mengua, de hambre. Con 130 bolívares de pensión no compramos ni medio kilo de cambur». El salario mínimo se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, este monto actualmente es inferior a 1 dólar.
«¡Vivir con dignidad es un derecho humano!«, subraya el Comité.
Persecución sindical
Los pensionados y jubilados también denunciaron la persecución judicial contra la dirigencia gremial. Los manifestantes exigieron que «no se criminalice más la protesta y los dirigentes no se persigan más», haciendo énfasis en la situación de vulnerabilidad de quienes defienden derechos laborales.
De acuerdo con el vocero, «hay más de 170 trabajadoras petroleros detenidos en todas las cárceles de Venezuela y tenemos que ser solidarios porque no sabemos si mañana somos cualquiera de nosotros». Entre los casos mencionados destacó el de una jubilada Xiomara Ortiz, con 45 años de servicio en el Ministerio de Salud, quien aún permanece detenida. En respuesta, los gremios exigieron un «derecho a la libertad sindical” y la liceración de todos los presos políticos.
Rechazo a las políticas oficiales
Las organizaciones también reiteraron su rechazo categórico a instrumentos administrativos como la Circular 2792 y el Instructivo Onapre, los cuales señalan por «desmantelar derechos laborales adquiridos«. Asimismo, criticaron las recientes encuestas oficiales sobre aspiraciones laborales, calificándolas como un intento de «simular diálogo sin resolver la emergencia social«, dado que las exigencias han sido públicas durante «26 años de protestas«.
Existe, además, una profunda preocupación por la propuesta de una «denominada ‘constituyente obrera’«, la cual, según el pliego de exigencias, «ponen riesgo la existencia de gremios y sindicatos autónomos e independientes», elementos que consideran «pilares fundamentales de la libertad sindical y la democracia».
Ante la falta de respuestas efectivas, los manifestantes advirtieron que la «Inspectoría del Trabajo no puede ser un depósito» de documentos sin solución. Por ello, anunciaron una nueva movilización para la próxima semana. «Vamos con una protesta por las calles de Barquisimeto«, convocando nuevamente a la ciudadanía a concentrarse en la Plaza Altagracia bajo la consigna de «Unidad, unidad, unidad«.
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