El Ministerio de Petróleo de Venezuela suspendió 19 contratos de participación en la producción de petróleo y gas con empresas privadas. La medida, informada por fuentes cercanas al proceso a la agencia Reuters este jueves 26 de febrero, marca el inicio de una auditoría profunda a los acuerdos suscritos durante la administración de Nicolás Maduro.
Aunque la decisión no ha afectado los niveles de producción nacional hasta el momento, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) asumió la comercialización y venta del crudo generado bajo estos acuerdos mientras se mantienen en pausa.
Alianza con EE. UU. para depurar el sector
De acuerdo con las fuentes, los gobiernos de Caracas y Estados Unidos trabajan conjuntamente para verificar la legitimidad y las credenciales de las compañías involucradas. Muchos de los contratos bajo revisión fueron firmados mientras Venezuela estaba bajo sanciones internacionales, lo que favoreció la entrada de firmas poco conocidas, de bajo perfil o registradas en paraísos fiscales.
La auditoría se centra actualmente en tres áreas clave: Lago de Maracaibo, con proyectos de difícil extracción que iniciaron operaciones recientemente, Faja del Orinoco, y campos maduros, donde hay pequeños yacimientos que demandan nueva inversión tecnológica.
Durante los últimos años, el riesgo de sanciones y el historial de expropiaciones dificultaron la llegada de grandes productores, permitiendo que empresas menores (chinas, estadounidenses y sudamericanas) asumieran operaciones que, en ocasiones, eran subcontratadas a terceros.
A diferencia de estos 19 casos bajo sospecha, el Ministerio de Petróleo y PDVSA mantienen negociaciones fluidas con socios tradicionales como Chevron, Repsol y Maurel & Prom. Con estas trasnacionales, el objetivo es permitir la expansión de sus empresas mixtas para incrementar la producción de crudo y gas de forma inmediata.
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