Nicolás Maduro comparece hoy en la Corte de New York para reclamar al juez Alvin Hellerstein que su juicio penal por narcoterrorista sea anulado por presunta violación a la Quinta y Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Por infobae.com
Se trata de una defensa diseñada por el abogado Barry J. Pollack, que hace una peculiar interpretación de las enmiendas de la constitución para sostener un argumento jurídico que sería rechazado por el tribunal de Manhattan.
La interpretación constitucional de Pollack deriva en dos falacias. Afirma que Maduro no tiene dinero para pagar a su abogados, y que esa presunta situación de insolvencia económica afectaría su principio de defensa en juicio.
En un escrito de 17 fojas, el abogado defensor de Maduro sostuvo:
-“La ley venezolana otorga al Sr. Maduro y a la Sra. Flores de Maduro un derecho de propiedad sobre el pago de sus honorarios legales. La revocación de las Licencias Originales por parte de la OFAC y la negativa a restablecerlas interfiere con su derecho a contratar al abogado de su elección ya que, sin la capacidad de ejercer este derecho de propiedad, ninguno de los dos tiene la capacidad de financiar la defensa por sí mismos. Ver Declaración. de Nicolás Maduro Moros (ECF No. 290-2) y Declaración. de Cilia Flores de Maduro (ECF No. 293-2) (declaraciones juradas de incapacidad de pago y disposición a presentar declaraciones financieras a petición de la Corte)”, afirma Pollack en la foja 4 de su presentación.
Y completa así sus argumentaciones legales en la foja 11:
“El gobierno no puede afirmar la “seguridad nacional” o la “política exterior” y luego pasar por encima de los derechos procesales internos de un individuo. Por ejemplo, en procesos que involucran información clasificada, el gobierno no puede impedir que los acusados obtengan evidencia exculpatoria material, descubrible bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963), y usen esa evidencia en su defensa en un juicio público, simplemente porque el gobierno tiene una razón política legítima para mantener el documento clasificado. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (18 U.S.C. App. III), si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debe desestimar la acusación. Ver United States v. Giffen, 473 F.3d 30, 33 (2d Cir. 2006) (Bajo CIPA, “si el tribunal se niega a permitir tal sustitución, y el gobierno se opone a la divulgación de la información clasificada, el remedio presuntivo es la desestimación de la acusación”).
La refutación de los argumentos presentados por Pollack es lineal y simple.
Los fondos de Venezuela para financiar una defensa legal a un mandatario o exmandatario no aplica en el caso de Maduro y su esposa.
No son autoridades legales, y está probado que ocupaban el Palacio Miraflores por el fraude cometido en los últimos comicios presidenciales.
A su vez, Maduro y Flores de Maduro tienen que probar que no disponen de fondos propios -su fortuna presunta es incalculable-, y la VI enmienda garantiza un abogado que no necesariamente debe financiarse con fondos que están inmovilizados por decisión de la Secretaría del Tesoro (OFAC).
El tribunal de New York puede asignar un abogado de oficio que conoce las normas y puede cumplir con la defensa que garantiza la Constitución de los Estados Unidos.
Este es un derecho que Maduro tiene a disposición cuando lo desee.
Y respecto a la V enmienda, la defensa de Maduro no hace referencia a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que asigna a la Casa Blanca una amplia autoridad normativa para regular transacciones con gobiernos extranjeros por razones de seguridad nacional.
Desde esta perspectiva, pese a que la dictadura caribeña estaba dispuesta a pagar la defensa de Maduro, Donald Trump ratificó que no habrá fondos de Venezuela para solventar a los letrados del presunto narcotraficante.
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