Una acusación federal recientemente desclasificada contra el empresario colombiano Alex Saab brinda nuevos detalles sobre cómo figuras ligadas a la élite gobernante de Venezuela supuestamente transformaron un esquema de corrupción basado en importaciones de alimentos subsidiados en una extensa red petrolera surgida durante la era de sanciones, que según los fiscales movió ganancias ilícitas a través del sistema financiero estadounidense.
Por Antonio María Delgado | El Nuevo Herald
La acusación, presentada en el Distrito Sur de Florida, alega que Saab y sus asociados inicialmente se enriquecieron mediante el controvertido programa de distribución de alimentos CLAP en Venezuela antes de aprovechar su acceso político dentro de Caracas para intermediar miles de millones de dólares en transacciones petroleras para la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), luego de que las sanciones de Estados Unidos paralizaran los canales tradicionales de exportación del país.
El Departamento de Justicia informó que Saab enfrenta un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
El caso describe lo que los fiscales califican como una estructura financiera más amplia que ayudó a Venezuela a seguir generando ingresos mientras las sanciones internacionales profundizaban el aislamiento económico del país.
Según la acusación, la conspiración comenzó alrededor de octubre de 2015, cuando Saab y co-conspiradores no identificados obtuvieron lucrativos contratos a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción, o CLAP, un programa estatal creado para distribuir cajas de alimentos subsidiados durante el colapso económico venezolano.
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