Hace treinta años, Colombia se tambaleaba al borde de convertirse en un narcoestado fallido. Hoy, Colombia es una democracia funcional y un socio regional en materia de seguridad para los Estados Unidos. Ese desenlace no era inevitable; fue el producto de la paciencia, la inversión institucional y un apoyo bipartidista sostenido a lo largo de cuatro administraciones presidenciales estadounidenses —dos republicanas y dos demócratas— por medio del Plan Colombia.
El compromiso de los Estados Unidos con el Plan Colombia se erige como uno de los logros de política exterior más exitosos —y menos reconocidos— en la historia estadounidense. Es también, precisamente, el modelo que exige ahora la situación en Venezuela.
Han transcurrido casi cien días desde la incursión estadounidense en Caracas del pasado 3 de enero, en la que se capturó al dictador Nicolás Maduro y se dejó a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a cargo del poder. El peligro actual radica en que Washington trate un avance diplomático y político en Venezuela como un estado final, en lugar de considerarlo la línea de partida para la ardua y paciente labor de reconstrucción institucional.
Entre ambos, sumamos más de cuatro décadas de participación directa en este desafío, tanto desde la perspectiva diplomática como desde la militar. Hemos visto qué funciona. Hemos visto qué colapsa. Y escribimos esto conjuntamente porque estamos convencidos de que Venezuela representa, hoy por hoy, el desafío estratégico más urgente —y el más susceptible de ser superado con éxito— de todo el hemisferio occidental. Pero esto solo será posible si los Estados Unidos actúan con la misma seriedad de propósito que demostraron en su momento en Colombia.
Lo que sucedió en Colombia
Cuando la administración Clinton puso en marcha el Plan Colombia en 1999, el país se encontraba más cerca de ser un Estado fallido que cualquier otra nación del hemisferio occidental. Aproximadamente la mitad de su territorio nacional carecía de presencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contaban con una fuerza estimada de 18.000 combatientes y habían cercado Bogotá, controlando una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza. En un solo año, el país registró cerca de tres mil secuestros y casi sesenta homicidios por cada 100.000 habitantes. Décadas de narcoviolencia habían permeado y corrompido prácticamente todas las instituciones: las militares, las policiales, las judiciales y las gubernamentales por igual. No existía una memoria institucional reciente que recuperar, ni una tradición de seguridad profesional que restaurar. Colombia debía ser reconstruida prácticamente desde la nada; y, aun así, Washington decidió asumir ese compromiso.
El Plan Colombia implicó inversiones masivas destinadas a profesionalizar, capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad colombianas. Pero el plan tuvo éxito porque estaba fundamentalmente equilibrado en todos los instrumentos del poder nacional: diplomático, informativo, militar y económico. El componente de seguridad era indispensable, pero nunca constituyó la totalidad del panorama. Lo que distinguió al Plan Colombia de otros esfuerzos de menor envergadura fue que las fuerzas militares colombianas evolucionaron hasta convertirse en una fuerza de capacidad excepcional, y esa capacidad generó contención. Esa transformación —de una fuerza infiltrada por narcotraficantes y guerrilleros a una capaz de llevar a cabo operaciones de precisión bajo el imperio de la ley— fue tanto un logro moral como militar. Paralelamente, surgió un sistema de justicia reconstruido, prisiones reformadas e instituciones que se ganaron la confianza pública. El plan restauró la confianza en la capacidad del Estado para proteger —y no para depredar— a sus ciudadanos, y expandió la presencia estatal hacia espacios que anteriormente carecían de gobernabilidad.
Venezuela enfrenta hoy un momento similar. Maduro ya no está, pero el aparato de su régimen permanece. Las agencias de inteligencia, los *colectivos* y las unidades criminalizadas que aterrorizaban a la población siguen existiendo, a menudo bajo el mando de los mismos comandantes y con los mismos incentivos. Grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones terroristas extranjeras designadas se han atrincherado en corredores económicos clave —particularmente en las regiones mineras—, extorsionando y aterrorizando a las comunidades, al tiempo que desvían los mismos recursos que Venezuela necesita para su reconstrucción. En ese entorno, se pueden firmar cuantos contratos petroleros y mineros se desee; los inversores seguirán mostrándose cautelosos y los ciudadanos de a pie no percibirán los beneficios.
La lección fundamental que nos deja Colombia es sencilla: ninguna democracia puede reconstruirse sobre las ruinas de unas instituciones de seguridad y judiciales desacreditadas. Las elecciones por sí solas no bastarán. Tampoco lo hará la estabilización macroeconómica. La ciudadanía necesita creer que, cuando llame a la policía, acudirá alguien competente e incorruptible; que un juez escuchará su caso con imparcialidad; y que la cárcel es para los criminales, no para los disidentes. Sin esa confianza, todo acuerdo político resulta frágil y toda reforma, reversible.
Es precisamente en este punto donde Colombia se convierte no solo en un ejemplo, sino en un socio indispensable en este empeño. Las fuerzas policiales y militares colombianas se encuentran en una posición privilegiada para contribuir a la reconstrucción de las instituciones de seguridad de Venezuela, dado que ellas mismas recorrieron ese camino —y lo hicieron con el respaldo de Estados Unidos—.
El Plan Colombia profesionalizó a una fuerza que no solo había sufrido derrotas en el campo de batalla, sino que además había sido infiltrada por aquellos que pretendían subvertir el Estado. Los instructores estadounidenses crearon unidades depuradas, integraron mecanismos de asuntos internos y establecieron una cultura de planificación operativa y rendición de cuentas. El Plan Colombia edificó un sistema de justicia capaz de tramitar casos complejos de crimen organizado, dotado de fiscales expertos en la elaboración de expedientes, defensores públicos garantes del debido proceso, y tribunales y centros penitenciarios aptos para gestionar a acusados ??de alto perfil. Asimismo, asistió a las fuerzas militares colombianas en la planificación y ejecución de operaciones de precisión contra las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales, logrando al mismo tiempo una reducción gradual de los abusos.
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