El operador político del régimen chavista, Jorge Rodríguez, supeditó la realización de unas futuras elecciones a un previo «fortalecimiento» de los poderes públicos bajo su control. El presidente de la Asamblea Nacional chavista asomó la intención de la cúpula de alargar los tiempos políticos bajo la excusa de buscar un consenso, durante una entrevista concedida al periodista Luis Olavarrieta este lunes 2 de marzo.
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En su intento por justificar la permanencia del chavismo en el poder tras la captura de Nicolás Maduro, Rodríguez desestimó la urgencia de establecer un cronograma electoral a corto plazo. El vocero del aparato de propaganda argumentó que la sociedad prefiere la estabilidad por encima del voto. «No es perentorio poner una fecha para, o cuáles son las elecciones que deben venir primero, si es Asamblea Nacional, si es presidencia de la República, si es alcaldías o gobernaciones, sino cómo llegar a ese punto», declaró.
Para blindar la sucesión impuesta por la cúpula, el vocero chavista defendió la maniobra del sistema judicial que validó a su hermana en el cargo. De acuerdo con su versión, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que Delcy asumiera la «encargaduría» porque Maduro salió forzado y no presentó renuncia. A partir de esa premisa, el psiquiatra afirmó que iniciaron diálogos con factores opositores para intentar legitimar a las instituciones. «Creo que este es un buen momento para que podamos todas y todos tener garantías, que el que ganó reciba la opción de poder, que el pueblo le otorgó por la vía del voto, y que el que perdió reciba las garantías de mantenerse en la vida política venezolana».
En un inusual reconocimiento de los atropellos del aparato represivo, Rodrpiguez admitió las fallas del régimen contra la disidencia política, aunque intentó suavizar el impacto de la persecución de los últimos años. «Todo debe confluir hacia el perdón y a la reconciliación, es decir, ¿se cometieron errores? Sí, se cometieron errores, sí se cometieron», confesó al referirse a las personas procesadas de manera arbitraria y liberadas bajo la reciente amnistía.