Yoalbert González llevó a su madre a una cita de inmigración en diciembre, pero fue detenida y, semanas después, deportada a Venezuela, como ha sucedido con miles de personas de su país durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Patricia Sulbarán | NYTimes
González, quien trabaja como conductor de reparto en Fort Worth y tiene 34 años, llegó a la frontera estadounidense en 2021 en busca de asilo y temía correr la misma suerte, por lo que decidió abandonar el país de manera voluntaria.
Pero pronto descubrió que marcharse no era tan sencillo como reservar un vuelo.
A muchos venezolanos, incluido González, se les confiscaron los pasaportes al entrar en Estados Unidos, en virtud de una antigua política federal para acelerar la deportación en caso de que se les denegara el asilo, lo que les impide volar a casa.
Las autoridades venezolanas exigen un pasaporte válido o un documento de viaje expedido por el gobierno para ingresar al país por vía aérea. Este documento solo está disponible en Caracas, la capital de Venezuela, o en consulados selectos de América Latina, que se han visto desbordados por este tipo de solicitudes.
Esto hace que sustituir el pasaporte sea casi imposible para muchos de los casi 700.000 venezolanos que han llegado a Estados Unidos desde 2019. Aunque el gobierno estadounidense restableció recientemente los lazos diplomáticos con Venezuela, la embajada venezolana en Washington sigue cerrada al público y no hay consulados venezolanos abiertos en Estados Unidos para expedir documentos de viaje.
El proceso para obtener un permiso de viaje también puede resultar engorroso y costoso. Un familiar directo debe solicitar el documento en persona en Caracas y presentar a las autoridades un itinerario de viaje y una carta en la que se detallen los motivos del solicitante para regresar.
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