El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, lanzó una fuerte denuncia este martes 24 de febrero desde su cuenta oficial de X (antes Twitter), sobre las irregularidades que están enfrentando los presos políticos excarcelados en Venezuela para acogerse a la reciente Ley de Amnistía y obtener libertad plena.
Por: lapatilla.com
Según Himiob, el principal “cuello de botella” de la amnistía no está en la ley misma, sino en su implementación práctica: los tribunales y los abogados de la Defensa Pública asignados a los presos no solo no han presentado hasta ahora las solicitudes de aplicación de la normativa a favor de sus defendidos, sino que —además— insisten en decir a los familiares que “no pidan apoyo a las ONG” para tramitar estos procesos.
La Ley de Amnistía, aprobada el 19 de febrero por la Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, fue concebida como un mecanismo para liberar a detenidos por motivos políticos y cancelar causas penales, aunque no entra en vigor de forma automática, sino que requiere la intervención del sistema judicial y de los defensores públicos.
Himiob ha señalado que esta obligación de llevar las solicitudes ante los tribunales se ha convertido en un obstáculo, debido a que varios juzgados —incluidos algunos con competencia en terrorismo— rechazan la recepción de estos escritos, a pesar de que, según expertos jurídicos, ningún tribunal puede negarse a recibirlos si se trata de una ley de “orden público e interés general”.
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En el marco de su denuncia, el también jurista reiteró que la Ley de Amnistía debe aplicarse de oficio por los órganos del Poder Judicial, sin requerir formalismos que dilaten o frustren su aplicación en cada caso.
Foro Penal ha estado verificando y reportando excarcelaciones desde la entrada en vigencia de la ley. La organización ha confirmado más de 100 excarcelaciones de presos políticos, aunque solo una parte ha logrado obtener libertad plena, mientras muchos siguen bajo medidas cautelares o con causas judiciales no sobreseídas.
Aunque el chavismo asegura que miles de personas han sido beneficiadas con la nueva normativa, organismos independientes y ONG como Foro Penal han expresado dudas sobre la transparencia y la efectividad del proceso, dado que cientos de casos aún enfrentan trabas y muchos permanecen presos o con restricciones.
