Durante la gestión de Tarek William Saab al frente de la Fiscalía General y de Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo, el país fue escenario de denuncias sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y persecución por motivos políticos.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
“Dichos funcionarios tendrán que aclarar su responsabilidad frente a graves violaciones de derechos humanos”. Lo dicen a través de un comunicado, 15 organizaciones, las cuales consideran que “la renuncia no extingue la necesidad de evaluación de responsabilidades institucionales. La rendición de cuentas es una condición para la no repetición”.
Las ONG que suscriben el escrito son: CAMPO, Caleidoscopio Humano, Conexión Segura y Libre, Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Derechos Humanos en Acción, Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, Gritemos Con Brío, Ideas Por La Democracia, Nosotras por Todas, La República TV, La TV Calle, Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Observatorio Digital Probox, Laboratorio de Paz, Redes Ayuda y Transparencia Venezuela.
Alertan que la designación de Larry Daniel Devoe como Fiscal “encargado” y de Saab Halabi como Defensor “encargado” vulnera las normativas de ambos organismos, porque el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que las faltas absolutas del Fiscal, como la renuncia, serán suplidas por el Vicefiscal, mientras que las del Defensor, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, sería suplida por el director ejecutivo de la institución.
Nota completa en Infobae