Caracas.- A propósito de los anuncios realizados por Delcy Rodríguez el miércoles 8 de abril, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana (CIM), Fernando Di Gerónimo, manifestó la disposición del sector de trabajar junto al Ejecutivo Nacional para la reactivación, pero subrayó que el éxito de la medida pasa obligatoriamente por la aprobación rápida de instrumentos legales que llevan años en espera dentro de la Asamblea Nacional.
“Es la aprobación para el arrendamiento inmobiliario, la Ley de Estafa Inmobiliaria, la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, la ley también de desarrollo de los financiamientos que hay que hacer para que estas personas o los jóvenes puedan adquirir sus nuevas propiedades a través de un financiamiento”, dijo Di Gerónimo en declaraciones compartidas con los medios de comunicación.
Durante un mensaje al país, Delcy Rodríguez estimó que en Venezuela existen aproximadamente “medio millón de viviendas que están congeladas”, por lo que solicitó formalmente a la Asamblea Nacional una reforma de las leyes del sector para que estos inmuebles se pongan a disposición del “mercado inmobiliario”, especialmente dirigido a la juventud y a quienes acaban de formar una familia, ofreciendo para ello garantías estatales a los propietarios.
“Es justo que aquel inquilino que ha pagado puntualmente su alquiler durante años, tenga la oportunidad y las facilidades para adquirir la vivienda que ha ayudado a mantener”, afirmó Di Gerónimo, vinculando la propuesta gremial con la intención oficial de brindar soluciones habitacionales a los jóvenes y a las nuevas familias que actualmente no tienen acceso a un crédito o a una vivienda propia.
Para el vocero, este reconocimiento al cumplimiento del arrendatario es un paso fundamental hacia una visión de “justicia social y comercial” que permitiría movilizar inmuebles que han estado estancados por décadas.
Tres leyes en el congelador
La Cámara Inmobiliaria Metropolitana es enfática en señalar que existen tres pilares legales que actualmente se encuentran “engavetados” o en el “congelador” de la Asamblea Nacional, y cuya aprobación consideran una “acción inmediata” necesaria para que el mercado se reactive.
El primer pilar es la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Según Di Gerónimo, este instrumento tiene cuatro años esperando por una aprobación definitiva en el parlamento. El vocero explicó que un nuevo articulado “podría beneficiar la apertura de estas viviendas que están cerradas” al garantizar un “proceso de alquiler justo para el inquilino y el propietario”.
El propósito de esta ley, según Di Gerónimo, es que el propietario no sienta la necesidad de “aumentar constantemente los cánones de arrendamiento” por miedo a la pérdida del valor de su bien, y que el inquilino tenga la seguridad y estabilidad de querer permanecer en el inmueble si cumple con sus obligaciones.
El segundo pilar es la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Para Di Gerónimo, en este punto “el cambio debe ser de inmediato”. El dirigente gremial denunció que, durante los últimos 15 a 20 años, el “gran promotor de viviendas ha sido el Estado” debido a que los promotores privados abandonaron los proyectos por temor al marco legal actual.
“Necesitamos que los promotores privados vuelvan a construir con garantías claras. Sin una reforma que elimine el miedo al castigo injusto, la construcción de nuevos proyectos seguirá paralizada”, advirtió Di Gerónimo.
El tercer pilar es una ley de financiamiento de vivienda para jóvenes. El sector sostiene que el futuro del mercado depende de las nuevas generaciones, las cuales han quedado excluidas del ciclo comercial inmobiliario por la ausencia de créditos bancarios.
“Deberían desarrollarse los procesos de financiamiento para que estos jóvenes puedan adquirir sus nuevas propiedades”, puntualizó el presidente de la CIM.
Una de las propuestas presentadas por la Cámara para acompañar el plan de renta inmobiliaria es el reconocimiento del historial del inquilino. El gremio plantea que, si una persona ha vivido alquilada durante periodos de 5, 10 o 15 años, “se le reconozca al inquilino parte de ese pago que ha hecho” al momento de adquirir la propiedad.
Sin embargo, frente a posibles propuestas de “congelamiento de alquileres”, la Cámara mantiene una postura de “cautela”, sugiriendo que se debe estudiar cuidadosamente el alcance y el “embate” que tales medidas podrían tener en un mercado que ya se encuentra debilitado y con poca oferta disponible.
Finalmente, Fernando Di Gerónimo defendió la capacidad técnica de los corredores inmobiliarios del país para liderar la transformación del sector. “Somos capaces los inmobiliarios de recibir con júbilo los nuevos cambios inmobiliarios que van a ocurrir y procesar todo el andamiaje que se necesita para que los inmobiliarios apoyen, ayuden, asesoren y agilicen las operaciones inmobiliarias”, afirmó el vocero.
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