El órgano censor del chavismo, Conatel, echó para atrás en las últimas horas una directriz coercitiva que obligaba a las empresas de televisión por suscripción en Venezuela a incluir la señal de La Iguana TV en sus parrillas de programación, tras una repentina contraorden del aparato estatal.
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La polémica comenzó cuando la periodista Francia Sánchez difundió un documento oficial de la institución reguladora en X. En dicho texto, la cúpula roja exigía la incorporación obligatoria del medio propagandístico perteneciente al vocero chavista Miguel Pérez Pirela, y fijó un plazo estricto de 15 días hábiles para acatar la imposición bajo amenaza de sanciones.
Sin embargo, el revuelo generado forzó un rápido cambio de señas dentro del régimen. La propia comunicadora detalló que la instrucción gubernamental “quedó sin efecto” luego de una serie de «conversaciones».
En este sentido, la aclaratoria oficial llegó por medio del viceministro de relaciones de exteriores para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. El funcionario contactó a la reportera para confirmar la veracidad del oficio inicial, pero garantizó la suspensión de la medida.
Finalmente, el abrupto retroceso dejó en evidencia las contradicciones del régimen en su intento por expandir su hegemonía comunicacional, mientras las operadoras privadas de televisión evadieron, por el momento, la obligación de transmitir el contenido complaciente del ecosistema oficialista.
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