EEUU coopera con la Policía para seguir la pista de Zapatero en Venezuela

La resolución recoge que Investigaciones de Seguridad Nacional, la agencia estadounidense especializada en delitos transnacionales, puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional la extracción telefónica de un dispositivo móvil del investigado Rodolfo Reyes Rojas.

Esa colaboración introduce a EE.UU. claramente en el rastro documental e instructor del caso Plus Ultra, con una cooperación activa, total, por parte ya no de la justicia o la policía judicial, sino de una agencia federal que depende de la Administración Trump en este momento. Esa cooperación, dicen a ABC fuentes estadounidenses se va a mantener y sigue abierta.

El auto de la Audiencia Nacional sitúa a Zapatero «en el vértice» de una red con contactos en Venezuela, con capacidad de influencia ante autoridades extranjeras y con sociedades usadas, según el juez, para mover dinero, ocultar su origen y canalizar beneficios hacia su entorno. La resolución coloca a Zapatero, que niega las acusaciones, en el centro de una estructura que no se limitaba a España, y que en su vertiente más amplia, en los casos Plus Ultra y Alex Saab, tocó paraísos fiscales y jurisdicción de EE.UU.

El juez le atribuye a Zapatero el «liderazgo estratégico» y una «función de coordinación superior» dentro de una red organizada desde su oficina de Ferraz, descrita como «centro de coordinación», desde donde se impartían instrucciones, se preparaban documentos y se ordenaban actuaciones en favor de terceros.

Esa trama, añade el auto, mantenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, e intervenía en operaciones internacionales de alto valor económico vinculadas a petróleo, oro, compraventa de acciones y divisas. La referencia al crudo conecta esta trama con la corrupción relacionada con PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, también saqueada por el chavismo, según la fiscalía norteamericana.

Zapatero viajó en decenas de ocasiones, más de un centenar, a Venezuela tras abandonar el poder, y mantuvo contactos directos, constantes, con Maduro y otros jerarcas chavistas, entre ellos Delcy Rodríguez, hoy presidenta encargada. Él siempre ha afirmado que su prioridad era liberar presos y negociar a favor de la concordia entre el régimen y la oposición.

La conexión con el gran caso venezolano instruido en EE.UU. viene del marco general de la investigación sobre Plus Ultra, un caso mucho más amplio. La aerolínea ya estaba bajo sospecha en España por si sus directivos usaron parte del rescate público para devolver préstamos a mercantiles vinculadas a una red internacional de blanqueo de fondos procedentes del expolio chavista. Según esa línea investigadora, los activos tendrían su origen en la venta de oro del Banco de Venezuela, en fondos de PDVSA y en desvíos del programa alimentario CLAP.

A esa pista se suma el rastro fiscal trazado recientemente en EE.UU. El Tesoro norteamericano, a través de FinCEN, unidad de delitos económicos, vinculó una transferencia de Plus Ultra de más de 519.000 dólares a una cuenta suiza usada para pagar a un intermediario financiero relacionado con fondos de la corrupción petrolera venezolana. Ese intermediario habría manejado dinero para varios beneficiarios, entre ellos Alex Saab, considerado por Washington el testaferro de Maduro.

Saab está ahora procesado en Miami por una trama de blanqueo que gira precisamente sobre esos dos ejes: CLAP y el petróleo de PDVSA. La Fiscalía estadounidense sostiene que Saab y sus socios usaron contratos públicos, empresas pantalla, facturas falsas y bancos internacionales para mover y ocultar dinero. La coincidencia es relevante: Plus Ultra aparece en España como núcleo del caso Zapatero y, al mismo tiempo, en la investigación internacional vinculada al dinero del expolio venezolano.

En el auto se recogen comunicaciones internas en las que Manuel Fajardo es descrito como «la pieza de ZP en Venezuela». Además se reflejan las gestiones ante el INAC, el regulador aeronáutico venezolano, para asegurar autorizaciones de vuelo de Plus Ultra, incluida la ruta Caracas-Madrid. El auto dedica un apartado específico a las «influencias con el presidente del INAC de Venezuela» y sostiene que esa línea formaba parte del mismo plan global de tráfico de influencias atribuido a la red.

Según el auto, la aerolínea fue el principal cliente y beneficiario de la presunta red. Sus directivos habrían buscado «vías ajenas a los cauces legalmente establecidos» para acceder al rescate público de 53 millones de euros de la SEPI, primero por la vía de José Luis Ábalos y después, de forma predominante, por la vía de Zapatero. Tras fracasar las vías bancarias ordinarias, la red habría visto en el fondo de rescate de empresas estratégicas creado durante la pandemia la oportunidad para obtener la ayuda pública.

En ese contexto aparecen Julio Martínez Martínez, señalado por el juez como lugarteniente del expresidente; Manuel Fajardo, el hombre de la conexión venezolana, y varias conversaciones en las que los directivos de Plus Ultra hablan de pagar a quien «mueva el hilo» o de que «Zapatero hable con alguien en la SEPI». La resolución menciona pagos directos de Plus Ultra por 598.910 euros y pagos indirectos por 382.602 euros, canalizados mediante contratos de asesoría, facturas ad hoc, sociedades interpuestas y administradores con funciones de testaferros.