La sucesora de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunció este jueves 23 de abril desde el Palacio de Miraflores el cierre definitivo de la Ley de Amnistía, en una maniobra ejecutada sin cumplir la totalidad de las condiciones institucionales exigidas por el gobierno de Estados Unidos.
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Durante su declaración, la nueva mandamás del régimen intentó justificar la medida al asegurar que los expedientes penales ignorados por este instrumento pasarán a manos de otras instancias controladas por el chavismo. “Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados, o mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, afirmó.
Ante este escenario, la cúpula roja pretende desviar los procesos pendientes hacia el llamado Programa de Convivencia Democrática y Paz, así como a la recién instalada Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal. Ambas estructuras mantienen una estricta subordinación a los lineamientos del Palacio de Miraflores, lo que genera escepticismo sobre la imparcialidad en la revisión de las causas.
En consecuencia, la decisión del chavismo de clausurar esta vía legal ocurre bajo un clima de presión internacional y de forma simultánea a la llegada de la nueva representación diplomática norteamericana al país. El cierre abrupto de este mecanismo evidencia la negativa de la administración oficialista a ceder ante los requerimientos de apertura política trazados por Washington.
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