En las demandas de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas se alega que la ley recurrida podría ser contraria al régimen de distribución de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda
El pleno del Tribunal Constitucional revisará la ley de vivienda aprobada por el Congreso justo antes de las últimas elecciones del 23 del julio al admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Parlament y los gobiernos de Andalucía, Illes Balears y Madrid.
Los 11 magistrados han admitido a trámite todos los recursos presentados contra diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, que topaba la subida a los alquilares. Los recurrentes impugnaban entre otros artículos de la norma, el 8 a, el 15.1, el 16, así como varios apartados de los artículos 18, 19 y 27 y la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera y la disposición final primera.
En las demandas de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas se alega que la ley recurrida podría ser contraria al régimen de distribución de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
El recurso de inconstitucionalidad del Grupo Parlamentario Popular también plantea la posible vulneración del derecho de propiedad, del derecho a la tutela judicial efectiva y de la autonomía local.