En marzo de 2026 continuaron las excarcelaciones, aunque en muchos casos sin libertad plena, sin cifras oficiales claras y ni un cronograma establecido. A pesar de estar en un contexto de declarada amnistía, las violaciones a la libertad de expresión se siguen registrando en el país. La censura (2) y la muerte (2) destacaron como los principales tipos de vulneraciones, con siete en total y el mismo número de casos documentados durante el tercer mes del 2026.
Las principales víctimas de violaciones al derecho a expresarse fueron periodistas y reporteros/as, medios de comunicación y la ciudadanía. Mientras que, entre los victimarios figuran las instituciones del Estado, los cuerpos de seguridad y los/as funcionarios/as
En el primer trimestre de este año hemos documentado un total de 30 casos, 75 violaciones a la libre expresión y 27 detenciones.
Amnistía: libertad plena seleccionada a dedo
La Ley de Amnistía (LA) cumplió un mes desde su entrada en vigor el 26 de febrero de 20261. Si bien constituye un avance en el contexto político venezolano al permitir la liberación de personas encarceladas y señaladas por incitar al odio, expresarse o criticar la política del Estado, su implementación ha presentado irregularidades: extorsiones familiares y una aplicación selectiva en la que unas personas han sido beneficiadas y otras no.
De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía para la convivencia democrática, al 24 de marzo, se recibieron 11.432 solicitudes válidas, de las cuales 8.082 personas han sido beneficiadas con libertades plenas.
En el caso de la prensa, al menos 15 trabajadores están a la espera2 de una respuesta de su solicitud de aplicación de la LA. Otros casos fueron considerados improcedentes y mantienen a periodistas excarcelados con medidas cautelares y procedimientos abiertos en procesos injustos.
Uno de los periodistas que realizó la solicitud de amnistía, Carlos Julio Rojas, informó a través de su cuenta en la red social X que acudió a los tribunales de Caracas (norte) a presentarse y no obtuvo una respuesta positiva. “¡Ya se cumplieron más de los 15 días que estipula la ley!”, expresó el 16 de marzo sobre el retraso en la tramitación de su caso.
Luto en el periodismo y exigencia de justicia
El 3 de marzo, el periodista Daniel Molina informó sobre el asesinato del comunicador Walter Alexander Jaimes, quien fue hallado en la carretera La Variante en la ciudad de Mérida, en el estado Mérida (oeste)3. Jaimes salió de su casa el sábado 28 de febrero a una pauta y no regresó.
“Hubo ensañamiento por parte de la persona o las personas que cometieron el crimen. Agradezco la presencia de los periodistas y hago un llamado a las autoridades nacionales para que se acelere la investigación y capturen a los responsables de este homicidio”, expresó Molina ante los medios.
El 10 de marzo, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua, informó que la periodista Yolimar Hidalgo fue hallada sin vida en su vivienda, ubicada en Aragua, estado Aragua (norte). Hidalgo era madre de tres hijos y se dedicaba a difundir información sobre las actividades políticas del gobierno regional como nacional4.
Desde Espacio Público exigimos al Estado venezolano y a los entes competentes que realicen las investigaciones pertinentes, identifiquen a los responsables de la muerte de ambos periodistas, que se realicen un juicio conforme a la ley y esclarecimiento de los hechos a fin de evitar la impunidad.
Exigencias de la sociedad civil y organismos internacionales
En Venezuela
Organizaciones defensoras de derechos humanos, estudiantes y miembros de la sociedad Civil se reunieron el 13 de marzo en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ubicada en Caracas (norte), para entregar un documento y solicitar la atención del nuevo director, Enrique Quintana.
La petición se centró en el levantamiento de bloqueos en Internet de más de 200 dominios restringidos en Venezuela, en su mayoría páginas web de noticias, redes privadas virtuales (VPN) y redes sociales como X. Aunque el documento fue recibido; los/as representantes no fueron recibidos/as por el director del ente que regula las comunicaciones en el país.
“No habrá democracia en Venezuela sin libertad de internet porque ahí es donde la gente se comunica e informa. Seguiremos presionando de manera cívica para la liberación del internet y seguiremos recomendando a los ciudadanos cómo evadir esa censura”5, expresó Andrés Azpúrua, director de VeSinFiltro.
A pesar de las exigencias, las violaciones a la libertad de expresión siguen ocurriendo. El 1 de marzo, personas no identificadas entraron y robaron en la sede de Radio Fe y Alegría 94.3 FM, en San Juan de los Morros, estado Guárico (centro)6. En este local funcionan los programas de emisora y ofrecen capacitación para personas que están fuera del sistema escolar.
“Se llevaron la tubería de cobre y nos dejaron sin el servicio del aire acondicionado, por el daño en sus cables”, señaló el director de la institución Juan Carlos Leal. El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el vigilante terminó su jornada laboral, agregó.
El 20 de marzo, diversas organizaciones sociales publicaron una Carta abierta para exigir un proceso abierto en la elección del Fiscal General y el Defensor del Pueblo en el país, que se realizaría el día 27 de este mes. En el documento7. solicitaron un proceso abierto, verificable y transparente; la reestructuración del Comité de Evaluación de Postulaciones; y garantizar una elección con criterios básicos de aptitud para los cargos.
Internacional
Espacio Público participó el 10 de marzo en las audiencias públicas regionales sobre libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)8, junto al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB). En este espacio advirtieron que en Venezuela el periodismo crítico es presentado como un “enemigo” o actor desestabilizador, lo que alimenta un clima de hostilidad y legítima nuevas agresiones contra la prensa.
Durante la sesión se denunciaron patrones de hostigamiento, censura y restricciones al trabajo de la prensa independiente. Asimismo, se solicitó al organismo internacional mantener seguimiento al proceso de excarcelaciones, la implementación de la Ley de Amnistía y una visita al país para observar la situación.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó el 16 de marzo una actualización oral9 sobre la situación de los derechos en Venezuela durante el 61° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Türk instó al Estado venezolano a permitir el trabajo de las ONG, ampliar el espacio cívico y recordó que aún hay detenidos injustamente en el país.
“Es esencial para reparar el tejido social y fortalecer los procesos democráticos (…) Insto a las autoridades a permitir que la sociedad civil trabaje libremente, a garantizar su participación en los asuntos públicos y a proteger a las ONG, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos frente a amenazas y ataques”, señaló el Alto Comisionado.
El 26 de marzo, expertos de la ONU afirmaron, a través de un comunicado, que los nombramientos en Venezuela deben garantizar que el mérito y la integridad probados sean la base para el nombramiento del Fiscal General y el Defensor del Pueblo.Este pronunciamiento se produjo en el contexto de las designaciones previstas para el 27 de marzo, tras la renuncia de los titulares de ambos cargos.
Transparencia para prevenir
Luis Reyes Reyes, gobernador del Estado Lara (oeste), confirmó el 7 de marzo el fallecimiento de una mujer a causa de fiebre amarilla (FA), la segunda muerte por esta enfermedad en la entidad.
Según el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS), Venezuela es uno de los 13 países endémicos de América y el 70,8 % de los estados (17 de 24) presenta condiciones propicias para la transmisión de la enfermedad.
Previo al anunció de Reyes, el MPPPS anunció el despliegue de un plan de vacunación en las áreas afectadas por FA. Sin embargo, aunque ente publicó un comunicado donde mencionaba dicho plan, el Estado venezolano incurre nuevamente en una violación a la transparencia activa al omitir datos técnicos fundamentales para la salud de la sociedad como cifras de cobertura real, reporte epidemiológico y origen y costo de los recursos10.
Ante esta situación, un grupo de organizaciones e instituciones de la sociedad civil publicaron una Carta Pública dirigida a las autoridades sanitarias11, con el propósito de “invitarles a reflexionar sobre las lecciones que deja la situación que atraviesa Venezuela ante el inicio de una epidemia de fiebre amarilla, cuyos primeros casos se registraron en junio de 2025”.
Entre las exigencias, las organizaciones solicitaron la publicación en la página web del MPPS de los Boletines Epidemiológicos Semanales correspondientes a 2024, 2025 y lo que va de 2026, como medida para garantizar el acceso a la información pública y fortalecer la prevención y control de la enfermedad.