La discusión parlamentaria del artículo 7 del proyecto de la Ley de Amnistía de Venezuela, retrasada una vez más, ha abierto una caja de pandora que frena la liberación plena, inmediata y automática de 641 presos políticos (según cifras de Foro Penal), cuyos familiares esperan con desesperación el final de su sufrimiento.
Por Ludmila Vinogradoff | ABC
Este jueves, el Palacio Federal Legislativo decidió postergar el debate de la amnistía hasta su siguiente sesión plenaria. En principio, debería ser el martes, pero, como ese día es Carnaval y hay vacaciones, las familias que aguardan a las puertas de las cárceles deberán seguir esperando. Al menos hasta el jueves, cuando se reunirán de nuevo para retomar el debate, atascado en torno al polémico artículo 7.
Dicho apartado reza así: «La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras la entrada en vigencia de esta ley».
Este artículo supedita el beneficio a que el procesado se encuentre en territorio nacional y se presente personalmente ante los tribunales para tramitar su liberación, que no será masiva. Es decir, no «todos» saldrán libres de inmediato como prometió Jorge Rodríguez la semana pasada al visitar a los familiares de los presos políticos acampados en la puerta de la cárcel de la Zona 7.
A tenor de este artículo, los presos políticos deberán tramitar su proceso individualmente y directamente, pero eso requiere recursos para contratar un abogado y esperar a que los tribunales abran las audiencias. Se trata de un proceso judicial engorroso que puede tardar meses y hasta años para que un preso político logre salir de prisión.
Este artículo 7 ha generado airadas protestas y críticas por parte de los partidos políticos, juristas, exiliados y familiares, que se han sentido frustrados por los obstáculos que supone el camino a la libertad prometida por Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez.
Tras el forcejeo parlamentario, algunos cuestionaron este requisito, advirtiendo que la obligación de «ponerse a derecho» bajo las condiciones actuales constituye un señalamiento de culpabilidad anticipado para quienes han sido judicializados injustamente.
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