El caso de los policías metropolitanos encarcelados por el caso Puente Llaguno del 11A, sigue suscitando controversia y dolor entre sus familiares. Las recientes declaraciones de Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía, calificando el caso como homicidio intencional, han provocado la indignación de sus allegados, quienes insisten en que las sentencias no corresponden a ese delito y que, les han negado los beneficios procesales, perpetuando su condición de víctimas de un sistema judicial que se rehúsa a modificar el relato político.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
Ni en la Amnistía de 2007 ni en la de 2026 se incluyó a estos agentes. María Bolívar, tía del agente Erasmo José Bolívar, explica a Infobae que, de los once policías condenados, solo tres, entre ellos su sobrino, Héctor José Rovaín y Luis Enrique Molina Cerrada, siguen en prisión 23 años después del 11 de Abril, el golpe que sacó a Hugo Chávez por unas horas del poder.
Bolívar subraya que “no fueron condenados por homicidio intencional”, sino por “homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva”, lo que debería darles acceso a beneficios sustitutivos que les permitan salir de la cárcel, derechos que les han sido sistemáticamente negados.
“Si no van a recibir amnistía, al menos que les otorguen los beneficios contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), medidas que están todas vencidas”, reclama Bolívar.
Por su parte, Elba Rovaín, hermana de Héctor Rovaín, recuerda que su hermano se presentó voluntariamente ante el tribunal el 3 de abril de 2003, convencido de su inocencia y de que regresaría pronto a casa. Dos décadas después, la espera continúa. “La justicia que tarda 23 años deja de ser justicia”, sentencia Elba, quien sigue sin comprender por qué tres hombres permanecen tras las rejas pese a que la ley les reconoce el derecho a la libertad.
El 11 de abril de 2002, Caracas fue escenario del caso conocidos como Puente Llaguno, una jornada marcada por la violencia que dejó 19 fallecidos y más de cien heridos en el contexto de la profunda crisis política bajo el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
Pero también dio inicio a una de las investigaciones judiciales más largas y polémicas en la historia de Venezuela. Cuatro comisarios y cinco funcionarios de la Policía Metropolitana fueron procesados por su presunta implicación en los acontecimientos.
De Ramo Verde a Fénix
Hasta el 22 de octubre de 2021, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina se encontraban recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares, la cárcel de Ramo Verde. “Allí podían recibir visitas con cierta regularidad y contaban con el apoyo material de sus familias”, por lo que Elba Rovain visitaba a su hermano con frecuencia.
Luego, en octubre 2021, fueron trasladados al Centro Penitenciario Fénix, en Barquisimeto, estado Lara, lejos de Miranda y La Guaira, donde están los núcleos familiares de los expolicías.
“Las distancias, los costos y el deterioro de los servicios rompieron la rutina de los encuentros y los han sumido en una soledad aún más dura”, por lo que Elba no ha podido volver a ver a su hermano.
En la cárcel Fénix comparten espacios con privados de libertad por delitos comunes, pese a su condición de presos políticos. “Allí pasan las navidades, los cumpleaños de sus hijos convertidos en recuerdos y las noticias de nuevas amnistías que nunca los nombran. Las visitas se han vuelto escasas. Las familias han envejecido. Algunos padres murieron sin despedirse de sus hijos encarcelados”, lamenta la hermana del inspector Rovaín.