La Asamblea Nacional adepta al chavismo aprobó este jueves 19 de febrero en Caracas una cuestionada Ley de Amnistía, un instrumento jurídico que, lejos de promover una verdadera reconciliación, operó como un fraude legislativo para oxigenar el aparato represor del régimen. La maniobra de la cúpula ignoró por completo la ruta hacia la democratización y dio la espalda al plan de transición que propuso el gobierno de Estados Unidos para el país.
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El documento que impulsó el chavismo representó una maniobra cosmética para intentar engañar a la comunidad internacional y lavar la cara de un sistema judicial totalmente viciado. Al exigir que los perseguidos políticos se presentaran ante la justicia oficialista mediante el artículo 7, la dictadura condicionó cualquier supuesta gracia a la sumisión absoluta, lo que demostró que el texto solo buscó maquillar las arbitrariedades de sus instituciones secuestradas.
Lejos de brindar una solución real, el entramado legal garantizó la supervivencia de la estructura de persecución chavista al invertir perversamente los roles de los involucrados. El articulado que sancionaron los «diputados» criminalizó nuevamente a quienes padecieron los abusos del Estado, mientras que brindó un manto de impunidad a los verdaderos victimarios al perdonar a su conveniencia.
La inclusión de cláusulas de exclusión y la amenaza de juicios ordinarios por supuesta reincidencia, plasmadas en los artículos 9 y 16, confirmaron el carácter inaceptable de esta legislación para los sectores democráticos. El aparato de propaganda del régimen intentó vender la eliminación de antecedentes y la creación de una comisión especial como un avance, pero en la práctica estas instancias quedaron bajo el control absoluto del régimen para continuar el chantaje político.
El cuestionado proyecto quedó a la espera de su promulgación oficial por parte del Ejecutivo chavista y su respectiva publicación en Gaceta Oficial para entrar en vigencia.